Menú

La historia de la destrucción de documentos: de Felipe González y Corcuera a Huévar del Aljarafe

Lo ocurrido en Huévar del Aljarafe vuelve a traer de actualidad la práctica, más habitual de los que podría pensarse, de destruir documentos públicos.

0
Lo ocurrido en Huévar del Aljarafe vuelve a traer de actualidad la práctica, más habitual de los que podría pensarse, de destruir documentos públicos.
José Luis Corcuera, en una imagen de archivo | EFE

La destrucción de documentos políticos comprometedores para algún partido no es nueva ni es algo exclusivo de España. Hace no tanto tiempo se quemaban incluso archivos completos.

Ahora el nuevo método para lograr la desaparición efectiva de documentos que pueden dañar la reputación de partidos en el gobierno es, habitualmente, la trituradora, una máquina que reduce a trocitos pequeños, finos e ininteligibles -hay quien se empeña en reconstruirlos pacientemente y a veces lo consiguen- lo que antes era un documento completo.

Historia de las trituradoras de documentos

Aunque estas máquinas fueron una de las protagonistas del caso Watergate en 1972, en realidad fueron inventadas a principios del siglo XX por Abiel Abbot Low. Sin embargo, la máquina trituradora que triunfó fue patentada en 1936 por el alemán Adolf Ehinger, que mejoró el original de forma notable.

La Segunda Guerra Mundial exigió la destrucción de una gran cantidad de documentos y luego, la Guerra Fría, siguió favoreciendo la compra masiva de trituradoras efectivas. Hoy no hay entidad que se precie que no disponga de una, muy especialmente adquiridas para dar paso al proceso de digitalización de los archivos.

Cuando la máquina se rompe

Naturalmente, la delincuencia común siempre ha necesitado destruir todo tipo de pruebas documentales. Pero vamos a detenernos en la destrucción o pérdida intencionada de documentos comprometedores porque reflejan y evidencian conductas ilegales, corruptas o inmorales protagonizadas por políticos, como acaba de descubrirse en la localidad sevillana de Huévar.

Lo que tiene realmente de extraordinario lo ocurrido en Huévar no es que se hayan destruido documentos comprometedores para el gobierno municipal socialista, sino que no se haya conseguido hacerlos desaparecer completamente, debido a que la máquina trituradora se quemó y a que la nueva alcaldesa del PP, María Eugenia Moreno, tuvo la precaución de cambiar la cerradura de las dependencias sensibles, no pudo consumarse la operación.

El ministro de Defensa Serra

Que se perpetran desapariciones de papeles, no es dudoso, aunque sea difícil de demostrar. Pero no ha sido ésta la primera vez que se descubre algo parecido en la España democrática. ABC contó hace muchos años que el primer ministro de defensa socialista en el gobierno de Felipe González, Narciso Serra, inventó una especie de "tumba faraónica" para "enterrar" papeles, pero enterrar no es lo mismo que triturar.

Por ello, el propio Serra admitía que tenía en su Ministerio una máquina trituradora de documentos. Corrían los tiempos del referéndum del sí pero no a la OTAN. Es más, es que incluso mandó instalar una serie de cajas fuertes camufladas en las paredes de sus dependencias para ocultar documentos.

Los papeles de asilo de Corcuera

En 1992, el Ministerio del Interior de Felipe González, por entonces con José Luis Corcuera como ministro, admitió que el servicio de limpiezas de la nueva Oficina de Inmigración tiró peticiones de asilo y refugio de extranjeros tras la denuncia de que cientos de documentos estaban tirados en la calle, frente a la puerta de la mencionada oficina, y que junto a ellos había una carpeta en la que se podía leer: "Para archivar". Al parecer, la máquina trituradora no llegó a tiempo y el viento de encargó de esparcirlos por las calles.

En 1995, el propio Federico Jiménez Losantos, en ABC, destacó la trituración de los papeles de Laos – entre ellos los billetes de avión del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán-. Aquella trituración de los papeles relevantes del caso Roldán fue obra política del ex ministro socialista Juan Alberto Belloch, aunque físicamente fuera tarea de un policía "distinguidísimo" que se lo contó al juez Baltasar Garzón sin acordarse de mucho detalle. Caso triturado.

Aquel distinguidísimo policía se llamaba Ángel Olivares, que tenía la soberbia del Conde Duque, escribió Jaime Campmany. Antes había sido alcalde de Burgos por el PSOE y fue director general de la Policía Nacional entre 1994 y 1996, estando Juan Alberto Belloch como superministro de Justicia e Interior y la actual ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, como secretaria de Estado del Interior. Ahora acaba de ser nombrado secretario de Estado de Defensa, número dos de Robles.

El 'error' del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Poco después, el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes destruyó en una trituradora 22 libros de contabilidad del Patronato Municipal de Servicios que contaba con 1.100 millones de pesetas de presupuesto. Se dijo que fue un error del gobierno municipal, que estaba en manos de Izquierda Unida. Hasta el PSOE pidió la depuración de responsabilidades.

Al servicio de Felipe González

Después de que José María Aznar ganara las elecciones en 1996, se conoció, gracias al trabajo de investigación de Isabel Durán y José Díaz Herrera, que una gran cantidad de documentos reveladores de cómo se habían usado fondos reservados para pagar con dinero negro a personal al servicio de Felipe González en La Moncloa, fueron pulverizados en una trituradora industrial y luego carbonizados en un horno crematorio.

Ni siquiera se salvaron los justificantes de los pagos efectuados con las "tarjetas oro" de los altos cargos del gobierno socialista. Toda la documentación comprometedora desapareció en un camión "tráiler" contratado al efecto que condujo tales papeles "a la cuchilla de la trituradora instalada en el Ministerio del Interior regido por Alfredo Pérez Rubalcaba, según contó ABC. Entonces se trataba de destruir la memoria histórica, como acertadamente dijo Víctor Márquez Reviriego.

Los papeles del CNI

En 1997, se juzgó al coronel Juan Alberto Perote Pellón, ex jefe de la Agrupación Operativa del CESID -el actual CNI-, para quien el fiscal pidió diez años de cárcel por sustraer 1.200 microfichas del Centro de Inteligencia, que contenían información clasificada que afecta a la seguridad nacional. No se sabe si las trituró, pero los documentos desaparecieron.

En 1999, el PP de Cádiz exigió la investigación de un intento de soborno perpetrado por el gobierno municipal socialista de Sanlúcar de Barrameda a un concejal del PP. Según su testimonio, el portavoz municipal socialista sacó del Ayuntamiento expedientes varios y cintas de vídeo que, tras ser cargados en dos coches, fueron triturados en la sede local del PSOE en una máquina adquirida para la ocasión.

En 2002, el juez-decano de Melilla, Ezequiel García, anunció que se había abierto una investigación para averiguar el motivo por el que aparecieron esparcidos por las calles distintos documentos del Juzgado de Instrucción número 5, ubicado en las Torres V Centenario. La investigación quería comprobar además si algunos de los documentos – desde autos a hojas de investigación de la Policía -, tenía valor en cualquiera de las investigaciones que instruye el citado Juzgado.

Los documentos de Moratinos

El 6 de noviembre de 2006, fue la trituradora de papel la que pareció no comparecer en el Ministerio de Asuntos Exteriores porque se conoció que, siendo titular del mismo Miguel Ángel Moratinos, se tiraron a la basura, sin destruir, miles de documentos oficiales, algunos de ellos clasificados, que podrían haber sido rescatados y revisados por cualquiera que esté un poco avispado.

Entre esos documentos, a los que tuvo acceso Interviú, se encontraban desde cartas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitando apoyos para la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, en su carrera por convertirse en la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o informes del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos alertando sobre un posible ataque aéreo de EE.UU. a Irán.

Destrucción en Aranjuez y León en 2011

Las elecciones municipales de 2011 fueron propicias para las trituradoras. El cambio de gobierno en Aranjuez, localidad del sur de Madrid que gobernaba hasta entonces el socialista Jesús Dionisio, dio paso a otra destrucción de papeles. Se ha demostrado que del Ayuntamiento salieron grandes bolsas de basura con documentos destruidos, durante varios días. Mientras se consumaba, el alcalde saliente aprobó –como regidor en funciones- dos decretos por valor de 5 millones de euros, destinados a la subvención a sindicatos y al grupo del PSOE.

También ocurrió en León, cuyo gobierno municipal que pasó a manos del PP. Fueron los populares los que destacaron las prisas del anterior equipo de gobierno para "limpiar despachos y destruir masivamente papeles". Incluso hubo fotografías mostrando contenedores frente a la puerta del Ayuntamiento llenos de papeles destruidos.

Los casos de Andalucía

En Andalucía hubo trituraciones o desapariciones de documentos en el Consistorio de Ayamonte (Huelva), donde la Guardia Civil tuvo que entrar para impedir "la fuga" de papeles. También en el Ayuntamiento de Jaén salieron furgonetas durante la madrugada "llenas de documentación".

En Estepa (Sevilla), "el malestar del alcalde que ha perdido le ha llevado a pegarle una patada a la puerta de la sede de una empresa pública, de donde, al parecer, se han llevado ordenadores con información", dijo el entonces secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz.

Por si fuera poco, durante la misma noche electoral del 22 de mayo de 2011 la Policía Judicial tuvo que intervenir el Ayuntamiento de Valverde del Camino, hasta entonces gobernado por el PSOE, a instancia de la Guardia Civil para evitar la 'fuga de documentos'.

También en Castilla-La Mancha

Ese mismo año y poco después de las elecciones autonómicas, María Dolores de Cospedal consideró acreditado que personal próximo a José María Barreda, desde entonces expresidente socialista de Castilla-La Mancha, ordenó destruir ficheros y bases de datos con información sensible tras las elecciones del veintidós de mayo de 2011. La acusación incluía un Informe del Servicio de Informática de la Junta que desvelaba que se eliminaron "bases de datos y recursos de ficheros" de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.

En Granada, el pase de la Diputación de manos socialistas a manos populares, ocasionó otra incidencia de trituración. De hecho, se supo que se estaban eliminando facturas como las suscritas a favor de Publicaciones del Sur, una empresa editora que engrosa la cartera de clientes de Iván Chaves, hijo del ex presidente de la Junta, presidente del PSOE, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de política territorial, Manuel Chaves.

Los papeles que se intentaban destruir aparecieron en un vertedero junto a otras facturas y actas de plenos recientes de la Diputación de Granada, donde figuraban incluso anotaciones de miembros del equipo en los márgenes. La mayoría de los documentos fueron pasados antes por la trituradora, pero parte de ellos se pudieron recuperar parcial o incluso totalmente.

También destruyeron documentos del caso ERE

En 2012, la Guardia Civil investigó por orden de la juez Alaya la destrucción de documentos en el caso ERE, una destrucción de nuevo en trituradora que había sido denunciada por el propio ex director general Francisco Javier Guerrero, que bautizó el procedimiento usado para dar ayudas sociolaborales arbitrarias como "fondo de reptiles". Supuestamente, los documentos se destruyeron en un domingo cuando no había nadie, salvo los implicados, en las dependencias de la Consejería de Empleo.

También en 2012, aparecieron en la página web del PP andaluz unas fotos de bolsas llenas de documentos triturados que fueron remitidas a dicho partido por los propios trabajadores de la Junta. El PP exigía terminar con la destrucción de papeles y documentos a las puertas de un proceso electoral en que el PP de Javier Arenas aparecía como vencedor.

En octubre de 2012, el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista denunciaba la desaparición de un disco duro extraíble, en el que almacenaba documentos en los que estaba trabajando, entre ellos algunos relacionados con el caso Faisán, que investiga el chivatazo a ETA sobre una operación contra su aparato de extorsión.

Griñán: 350.000 documentos destruidos de golpe

En 2013, la Consejería de Justicia de la Junta gobernada por José Antonio Griñán tomó una decisión insólita: la destrucción de 350.000 documentos judiciales por razones de espacio y diligencia, a pesar de que muchos de ellos podrían tener un interés judicial o histórico. No se dudó de que la trituración tuviera una explicación legal, pero en un tiempo en que la digitalización es la norma creciente, la destrucción sin más resultaba anómala.

En 2015 estalló el caso de la trituración de documentos en el caso del 3 por ciento que afecto a Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas. La Guardia Civil logró reconstruir documentos triturados en el despacho del tesorero de la formación Andreu Viloca que dieron un vuelco a la investigación y facilitó la detención de 18 personas vinculadas al partido separatista.

En el Ayuntamiento de Madrid

Tras las elecciones municipales de 2015 que dieron paso en Madrid al gobierno de Manuela Carmena, Comisiones Obreras denunció la destrucción "masiva" de documentos en el Ayuntamiento de Madrid y aportó varias imágenes en las que se veía bolsas azules repletas de papel triturado en contenedores de papel. Las fotografías estaban tomadas en los sótanos de la sede municipal de Cibeles y en los exteriores del edificio situado en la calle de Montalbán.

El Consistorio, aún en mano del PP, sin embargo, negó cualquier intencionalidad política alegando que se trataba de una actividad rutinaria para liberar espacio que no tiene efectos porque de todos ellos quedaba un original en la Intervención General.

El 10 de febrero de 2016, la alcaldesa de Moraleja de Enmedio denunciaba en Guardia Civil la desaparición de documentos municipales, originales y sellos oficiales, y abría expediente disciplinario nada menos que a la interventora municipal.

Papeles quemados en la Junta de Andalucía

En 2016, el PP preguntó públicamente qué papeles eran los que la Junta de Andalucía estaba quemando en un descampado de Sevilla. En las varias hogueras que encontraron había documentación de la Junta y restos de archivadores. La hoy consejera de Cultura del nuevo gobierno andaluz, Patricia del Pozo, relacionó estas quemas con la falta de colaboración de la Junta en manos del PDOE con la comisión de investigación del fraude de la formación.

En 2017 se denunció la desaparición de documentos en la trama llamada Púnica. Al parecer, eran contratos de publicidad de la Comunidad de Madrid con las empresas de Daniel Mercado, investigado en la trama Púnica, que se encontraban en la Ciudad de la Justicia de Madrid, según contó El País. Era la tercera vez que desaparecían documentos vinculados a este caso.

Documentación "muy comprometedora" en Granada

En enero de 2019, el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, pedía a la Policía que abriese de forma inmediata una investigación para aclarar la posible destrucción masiva de documentación, probablemente "muy comprometedora" sobre la gestión socialista en Andalucía según la denuncia de algunos funcionarios, en dos edificios de la Junta de Andalucía en Granada.

Estos días se ha conocido el caso de Huevar y su trituradora quemada, accidente que ha permitido recuperar los documentos que se pensaban destruir y que advierten de una metodología de cómo congeniar el dinero público, las contrataciones municipales y unas elecciones en una estrategia ilegal para ganar.

Poco después se conoció el caso del Ayuntamiento de Valencina (Sevilla) donde tras empatar en las pasadas elecciones municipales PP y PSOE a 1.580 votos, se tiró una moneda al aire para decidir el gobierno. Ganaron los populares, pero Podemos y Ciudadanos apoyaron a los socialistas después de acordar una subida de sueldos.

Lo curioso, cuenta ABC, es que unos días antes de las elecciones, cuando se esperaba un cambio favorable al PP, varios empleados del Ayuntamiento quemaron gran cantidad de documentos en un solar perteneciente al cementerio de la localidad donde se queman los restos de ataúdes antiguos. La quema fue detenida por la propia Policía Local tras un aviso oportuno de un vecino.

No están todos, porque también hubo desapariciones de documentos en el Ayuntamiento de Vinaroz, en Benidorm, en San Sebastián de los Reyes, en Valencia, en San Fernando de Henares, en Castro Urdiales, en La Estrada (Pontevedra), en Santander…

¡Hasta dentro de los partidos!

Incluso el comité electoral de Ahora en Común, una marca de la izquierda radical en Sevilla, denunció en 2015 ante la Policía Nacional la "desaparición" de "toda la documentación" correspondiente a las elecciones primarias celebradas, cuyos resultados provisionales no habían sido hechos públicos, a cuenta de las incidencias detectadas durante el procedimiento.

No están todos, cierto, pero da una idea de cuál es el nivel de integridad de la democracia española.

En España

    Lo más popular

    0
    comentarios

    Servicios

    Máster EXE: Digital Marketing & Innovation