Vox ha presentado un nuevo escrito ante la Junta Electoral Central para, en este caso, velar por el derecho de los policías desplazados a Cataluña durante la jornada electoral del próximo 10 de noviembre y que su labor no les impida acudir a votar. El partido reclama que este organismo tome todas las medidas necesarias para garantizar su derecho.
Debido a la situación extraordinaria que vive Cataluña desde hace varias semanas por la amenaza de grupos radicales separatistas como los CDR que podrían intentar boicotear las votaciones, el Gobierno ha desplazado a 18.000 agentes a la comunidad para garantizar que la jornada se vive con normalidad, de los que más de 1.500 no podrán votar este domingo. Existe el temor de que los extremistas que puedan desplazarse a colegios electorales de barrios que tradicionalmente votan a formaciones no independentistas para acosar a los votantes.
Una amenaza a la que se suman las actuaciones previstas durante la jornada de reflexión y las manifestaciones convocadas para después del 10-N por el llamado Tsunami Democratic. Todo ello ha motivado que se destinen refuerzos para impedir que se repitan las escenas de violencia que se registraron después de conocer la sentencia del 1-O.
Voto por vía notarial
Por este motivo, el partido de Santiago Abascal ha presentado un escrito en el que valoran como una "contradicción" que estos agentes hayan sido desplazados para garantizar el derecho al voto de miles de ciudadanos y "ellos no puedan ejercer el suyo". En el mismo proponen que puedan "votar por medio de persona autorizada", es decir, un notario con el que deberán ponerse en contacto y que actuará "de manera gratuita" a través del Consejo General de Notariado.
Éstos se encargarían de recoger el voto de los policías desplazados y lo depositarían en la urna, previa presentación de un documento que se extenderá de forma individual a cada uno de los agentes que lo solicite. Se trataría de una medida extraordinaria ante la situación anómala que se registra en estas elecciones.
El partido se ampara en la Ley Orgánica 5/1985 según la cual "cualquier persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquier que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera, sin limitar ni cercenar ese derecho a los funcionarios públicos que en el ejercicio de su profesión se ven obligados a desplazarse de forma extraordinaria como refuerzo policial siendo requeridos por sus obligaciones como trabajadores al servicio del bien común".