"Si por defender los derechos y libertades de mis compatriotas yo he de venir a un juicio y ser condenado, bienvenida sea la condena", éste ha sido el alegato final del presidente catalán, Quim Torra, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que este lunes lo sentaba en el banquillo por un presunto delito de desobediencia al negarse a retirar, tras tres advertencias de la Junta Electoral Central, la pancarta a favor de los presos de la fachada de la sede del Gobierno autonómico y los lazos amarillos de otros edificios de titularidad pública. Antes, Torra, ya había admitido el delito: "Como en las películas, sí, desobedecí, pero era imposible obedecer una orden ilegal".
En su último turno de palabra y el que, además, podría ser su último adiós como presidente de la Generalidad, Torra ha aprovechado para recuperar ante el tribunal su amenaza de consumar el "compromiso con la autodeterminación" en los meses que siga al frente del Ejecutivo separatista recordando el motivo por el que el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, lo eligió para ocupar ese puesto. En un claro tono de despedida, Torra advertía ante el presidente de la Sala del TSJC que no se detendrá en su objetivo durante las semanas que tarde en conocerse la sentencia. Tras estas afirmaciones, Torra ha decidido cancelar su asistencia a la cena de la patronal catalana que se celebra esta noche en Barcelona y a la que asistirán hasta tres ministras del Gobierno de Sánchez.
Durante el juicio, Torra no sólo ha sacado pecho de haber cometido un acto de clara desobediencia sino que, en un claro gesto de soberbia, se ha intentado defender asegurando que "la Junta Electoral Central no es un órgano jerárquico superior al presidente de la Generalidad", y que por lo tanto, su deber no pasaba por cumplir sus advertencias al "no tener facultades". Avisos que Torra ha tachado, recurriendo a su habitual victimismo, como "amenazas" y "coacciones". "La JEC quería situar al presidente en una disyuntiva muy clara: hacerle obedecer un acto ilegal o hacerle prevaricar", ha afirmado Torra.
Sí, vaig desobeir l’ordre de la JEC. Vaig complir el meu deure de President: defensar els drets i les llibertats dels ciutadans de Catalunya. Moltes gràcies a tots els que m’heu donat suport, el vostre escalf m’ha donat força! pic.twitter.com/xYgIs7e3Yw
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 18, 2019
Otro de los recursos de defensa al que ha apelado el dirigente separatista durante el juicio ha sido el de insistir en que él, como presidente de la Generalidad, no puede actuar en todos los edificios de titularidad pública para obligar a retirar la simbología rupturista. "Los servicios jurídicos hicieron un gran trabajo para demostrar que los edificios no eran de la Generalidad y la orden de la Junta Electoral" y por lo tanto, "era de imposible cumplimiento". "Nunca ordenaré a nadie que retire un lazo, una estelada o cualquier símbolo que considere que debe lucir en un edificio público", ha añadido Torra.
Se niega a responder a Vox
Uno de los momento más tensos durante la sesión ha sido cuando el dirigente separatista ha anunciado que se negaba a responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox y que pide para Torra, una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 72.000 euros.
Torra ha dicho que no respondería a la acusación porque "Vox es un partido franquista", y esa acusación le ha costado un apercibimiento por parte del presidente de la Sala, José María Barrientos, que le ha explicado que su papel no pasa por hacer valoraciones de ese tipo. Torra también se ha negado a responder a la Fiscalía que solicita para él, una pena de 20 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 30.000 euros.
Defensa política
Antes que Torra, ha intervenido su abogada, Isabel Elbal, que ha trasladado la defensa al terreno político acusando a la Sala de "estar contaminada". La letrada ha centrado gran parte de su exposición en cargar contra los miembros del tribunal por sus manifestaciones públicas contrarias al proceso separatista, entre ellos, contra el presidente, Jesús María Barrientos. "Usted se ha pronunciado sobre el objeto de este proceso, se ha mostrado públicamente contrario a los lazos amarillos, a la exhibición de pancartas, a las esteladas. Esto es una anomalía democrática", a lo que el fiscal del TSJC, Francisco Bañeres, le ha respondido que "lo que no se puede pretender es que los jueces permanezcan en burbujas y no sean capaces de dar una opinión porque siempre podrá ser usado como fuente para revocar una acusación".
La letrada, ha denunciado que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente, al que, según ella, los medios de comunicación ya han juzgado con multitud de artículos valorando el escenario de la inhabilitación. "Es tan evidente que el presidente va a ser condenado que ha habido regueros de tinta sobre ello", ha concluido, pidiendo la nulidad del procedimiento.
El fiscal Bañeres: "Se vino arriba"
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha concluido que el presidente catalán, Quim Torra, desobedeció el mandato de la Junta Electoral de retirar los lazos y la pancarta de los edificios públicos haciendo hincapié en que, a medida que pasaban los días tras la primera orden del 11 de marzo, Torra "fue intensificando su falta de respeto institucional hasta el punto de que se vino arriba y entonces ejecutó un gesto de pura befa hacia la JEC sustituyendo la pancarta con el lazo amarillo por otra con el lazo blanco", para incurrir en la desobediencia.
Bañeres ha dejado claro en su exposición, que la intención de Torra en todo momento fue la de burlar la orden del organismo electoral que, en contra de lo que ha defendido el presidente catalán, sí es un organismo competente y superior para dar órdenes a un dirigente autonómico. "Existe el deber de neutralidad en el periodo electoral y el lazo amarillo, nos gustará más o menos, pero no es un símbolo que comparta la totalidad de la población de Cataluña", ha afirmado el fiscal.
Visto para sentencia
El juicio contra Quim Torra ha quedado visto para sentencia y dado que no se trata de un procedimiento muy complejo, se espera que la condena pueda conocerse en las próximas semanas. De confirmarse la inhabilitación, Torra podrá recurrir ante el Tribunal Supremo, y eso retrasaría su efectividad hasta un año, si el dirigente separatista renuncia a este derecho, se abriría entonces un nuevo escenario en el Gobierno catalán que situaría automáticamente al vicepresidente, Pere Aragonès, al frente de la Generalidad. Al no ser diputado, el líder de ERC debería convocar en el plazo de diez días un pleno en la cámara catalana para designar a un nuevo presidente catalán pudiendo concurrir él como candidato. De fracasar este intento, Cataluña se vería abocada a la convocatoria de nuevas elecciones en dos meses.