Los cien años de prisión a los que fueron condenados los golpistas catalanes, según los partidos independentistas, se van a quedar en dos años de prisión preventiva y ocho semanas de condena en firme. Las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners (Barcelona), Puig de les Bassas (Figueras) y El Catllar (Tarragona) decidirán a mediados de la próxima semana qué grado atribuyen a los condenados por el Tribunal Supremo para que puedan salir de la cárcel antes de Navidad.
Todo parece indicar que dichas juntas se inclinarán por conceder a los presos el tercer grado, que podría quedar en suspenso por un recurso de la Fiscalía, o un estatus similar a través del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que les permitirá pernoctar entre semana en la cárcel y pasar el resto del tiempo en libertad sin que la Fiscalía pueda interrumpir la concesión. Ese fue el procedimiento aplicado a Oriol Pujol para que sólo tuviera que pernoctar en la cárcel de lunes a jueves y previsiblemente el que se aplique a los condenados por el golpe de Estado para evitar el escándalo de un tercer grado cuando no han cumplido aún un tercio de las penas a las que han sido condenados. Según TV3, todos los condenados por el golpe ya están buscando trabajo o tareas de voluntariado fuera de los centros penintenciarios que les permitan acceder al régimen de semilibertad.
Propaganda separatista
Así pues, los trece años para Oriol Junqueras o los nueve impuestos a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (las condenadas más bajas por su condición de 'no políticos') se verán sustancialmente recortados, lo que por una parte pone en evidencia el trato de favor que reciben los reclusos en las cárceles catalanes, bajo la dependencia orgánica de la Generalidad, y, por otra, la demagogia implícita en las campañas de propaganda separatistas que incidía en que sus presos habían sido condenados a un siglo de cárcel "por poner las urnas".
De este modo, lo más probable que Junqueras y el resto de condenados puedan asistir ya en libertad a la investidura de Pedro Sánchez. Otra cosa es el reingreso en la política con sueldo, puesto que también fueron condenados a una década de inhabilitación para cargos públicos, pena que a diferencia de la reclusión, se mantiene intacta.
El recurso de la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria primero y en las audiencias provinciales después contra la decisión de las juntas de tratamiento de la Generalidad no tendrá efectos suspensivos. de modo que hasta que los jueces no resuelvan, los presos gozarán del régimen de semilibertad que prevé el artículo 100.2 del régimen penitenciario.