El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido a presentar antes de fin de año un anteproyecto de ley que atribuya la instrucción de las causas penales a la Fiscalía en lugar de al juez, como se hace actualmente. El cambio sería parte de un plan que el ministro ha denominado "Justicia 2030" y que ha dado a conocer este lunes.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el ministro –que además es pareja de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet– ha informado de que pretende presentar este anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al Consejo de Ministros antes de que acabe el año.
Uno de los objetivos del ministro
Acabar con la instrucción de los jueces es uno de los objetivos que se ha marcado el titular de Justicia para "deslindar" las funciones de investigación de los "juzgadores". Campo ha asegurado que esta es una forma de "actualizar" el sistema de enjuiciamiento criminal y "superar" así lo que ha denominado como una "legislación decimonónica".
Frente a anteriores intentos que no se llegaron a concluir, el ministro ha dicho tener la "esperanza" de que se pueda culminar este proyecto, que ha calificado de "reto nacional" y que forma parte de su Plan Justicia 2030, con el que pretende "reformar un sistema de Justicia" para convertirlo en "un verdadero servicio público".
Que los fiscales instruyan las causas penales es bastante habitual en países de nuestro entorno, pero resulta especialmente preocupante aquí, donde la vinculación entre la Fiscalía General y el Gobierno es poco menos que absoluta –tal y como dijo el presidente Pedro Sánchez durante la campaña electoral– y especialmente después de que se haya elegido a Dolores Delgado, ministra de Justicia hasta un día antes, candidata en las listas del PSOE el 10-N y una mujer que, desde luego, no destaca por su independencia sino por su sectarismo.