Después de solicitar a la Fiscalía que de forma urgente requiriese las grabaciones de seguridad sobre el encuentro entre José Luis Ábalos y la vicepresidenta del régimen chavista de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, sin obtener respuesta, Vox ha decidido presentar una querella contra el ministro de Transporte por prevaricación administrativa.
Según han dado a conocer a través de una nota a los medios, la formación hace referencia a las informaciones que apuntan a la posibilidad de que se hayan eliminado las grabaciones de las cámaras de seguridad o se hayan destruido elementos probatorios que pudieran ser relevantes.
La formación dice "desconocer" si la Fiscalía ha tenido en cuenta su requerimiento para "iniciar las diligencias de averiguación" o si ha llevado a cabo "alguna actuación relativa al aseguramiento de las pruebas".
Por ello, reclaman también a AENA, como medida cautelar, los datos API (Advance Passenger Information) de los pasajeros del vuelo en el que viajaba Delcy Rodríguez, el registro como pasajera de su salida de España y las grabaciones de las cámaras de seguridad de las zonas por las que habría transitado la dirigente chavista.
Según ha explicado la secretaria general del grupo en el Congreso, Macarena Olona, el próximo jueves concluye el plazo máximo de conservación de las cintas por lo que el partido ha decidido actuar antes para evitar que se destruyan.
Por último, reclaman los partes de trabajo, turno e incidencias que se hubieran realizado durante el intervalo de tiempo analizado por los trabajadores de los vuelos que realizó Rodríguez.
La ofensiva parlamentaria
Además de la petición hecha a la Fiscalía y la querella ante el Tribunal Supremo, Vox ha llevado a cabo una ofensiva parlamentaria presentando una batería de preguntas al Gobierno para que aclare este asunto, así como una petición a la UE para que investigue lo ocurrido ya que Delcy Rodríguez se saltó la prohibición que pesa sobre ella de entrar en el espacio Schengen.
La formación relaciona también lo ocurrido con las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de Bolivia sobre los posibles nexos existentes entre el anterior Gobierno de Evo Morales y varios dirigentes de Podemos, incluido el propio Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno.