El Pleno del Congreso debatía este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley de Unidas Podemos para derogar el plazo máximo de seis meses, ampliables a 18, en la instrucción de los casos de corrupción que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Una reforma que pretendía acortar los plazos para evitar que las causas se alargaran durante años en los tribunales y las sentencias terminaran conociéndose décadas después de iniciarse la investigación, con el consiguiente perjuicio en caso de terminar siendo absueltos. Así la defendió en su día el PP y lo ha vuelto ha hacer durante el debate su diputada María Jesús Moro, aunque los populares decidían abstenerse porque "es una norma mejorable" decía Moro, que citaba el informe al respecto de la Fiscalía General del Estado.
En contra de una norma del PP
La iniciativa ha sido trasladada en otras dos ocasiones al Congreso por otros grupos como Cs, sin que haya avanzado en su tramitación parlamentaria. Lo llamativo en esta ocasión es que Vox y Cs han sumado sus votos a los de Podemos en contra de una norma del PP, como también ha hecho el PSOE.
La secretaria general del Grupo Vox en el Congreso, Macarena Olona, abogada del Estado, ha calificado la norma aprobada por el PP de "vergonzosa" porque, a su juicio, tenía el propósito de "favorecer la impunidad de los corruptos" al no dotar de más medios a los tribunales de justicia para poder investigar. "Esperemos que esta vez sea la definitiva", ha dicho sobre el hecho de que se haya debatido ya hasta en tres ocasiones.
"En seis meses no da tiempo a instruir nada"
Por su parte, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha asegurado que presentarán enmiendas a la propuesta de Podemos durante su tramitación parlamentaria para que, entre otras cosas, se dote de más medios a los tribunales para investigar. "En seis meses no da tiempo a instruir nada", ha denunciado sobre un texto que considera "aberrante" y que se hizo "por quien nunca se ha puesto la toga ni ha luchado contra la corrupción".
"Los grilletes que deberían estar puestos en las manos de los investigados se ponen en las manos de la acusación", ha asegurado el también abogado del Estado mostrándose muy crítico con la norma, en sintonía con la postura de Vox.