Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo la inclusión del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, en la comisión sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona, han informado este jueves a los periodistas en el Congreso de la presentación de ambos recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo.
Sobre Iglesias y el CNI
Además de recurrir la entrada de Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, el órgano que controla la información del CNI, el partido de Santiago Abascal ha pedido al Supremo la suspensión cautelar de esta decisión y que, por tanto, se impida la presencia del también líder de Podemos en la comisión.
Vox basa su recurso en que el Gobierno ha cometido una "torpeza esencial" al no haber tenido en cuenta la ley sobre el CNI, de 2002, que ya regula "manera taxativa" los miembros integrantes de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Entre ellos, ha subrayado Olona, "no se incluye, desde luego, la presencia del ministro de Derechos Sociales, a quien el ilegítimo presidente del Gobierno ha otorgado la concesión que siempre ha pretendido: controlar nuestros servicios inteligencia al igual que nuestros medios de comunicación".
Delgado no es ni idónea ni imparcial
Respecto a Dolores Delgado, Ortega Smith ha explicado que recurren su designación como fiscal general del Estado por considerarla improcedente y contraria a derecho al no cumplir los dos requisitos mínimos fundamentales para acceder al cargo: idoneidad e imparcialidad.
Según el dirigente de Vox, la exministra de Justicia carece de la idoneidad necesaria para el puesto porque "ni por su currículum ni por su profesionalidad y experiencia entraría en la categoría de jurista de reconocido prestigio", y además ha sido recusada en tres ocasiones tanto en el Congreso como en el Senado.
A ello, ha sumado falta de imparcialidad al haber sido ministra de Justicia con el PSOE, lo que no solo le llevaría a tener que abstenerse en las causas en las que pueda estar implicado ese partido, sino también en las que ella intervino como ministra.
"Tiene un marcado carácter político", ha concluido Ortega Smith, que ha subrayado que no se trata de nombrar a "la fiscal general del PSOE, sino a la fiscal general del Estado", que ha de velar por "la legalidad, la objetividad, la imparcialidad y el sometimiento a la ley".