El 4 de diciembre de 2010 el Gobierno entonces presidido por Zapatero decretaba el estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia. El propio Zapatero, el entonces ministro del Interior Rubalcaba y el responsable de Fomento, José Blanco, tomaban la decisión por la huelga salvaje de los controladores aéreos.
El anuncio se hacía totalmente por sorpresa tras la reunión del Consejo de Ministros, su aplicación era inmediata y rápidamente se explicaba que el fin buscado era impedir el cierre del espacio aéreo español, para lo que se obligaba a los controladores a volver a sus puestos de trabajo y se preveía el uso de militares en sus puestos si era necesario.
Anuncio, pero sin decreto
Este viernes, casi diez años después, hemos vuelto a una situación más o menos similar, pero el método ha sido muy diferente: se ha informado de una comparecencia de Pedro Sánchez, que se ha pospuesto un par de veces y bastante antes de que el presidente apareciese ante las cámaras se ha filtrado que se iba a decretar este estado de alarma.
Sin embargo, a la hora de la verdad Pedro Sánchez no lo ha declarado sino que ha anunciado un Consejo de Ministros que lo declarará este sábado, a pesar de que sí ha dicho que ya había comunicado la decisión tanto al Rey como a los líderes de la oposición.
Sánchez se ha limitado a asegurar que el estado de alarma cubrirá todo el territorio nacional y no ha explicado en qué consistirá ni siquiera en unas líneas generales: si habrá restricciones a la circulación, qué implicará para las empresas, qué comercios podrán mantenerse abiertos, cuáles serán obligados a cerrar…
Tampoco se han adelantado extremos relativas a otros aspectos básicos como, por ejemplo, qué medidas se van a poner en marcha para asegurar el abastecimiento de productos básicos, si es que estas serán necesarias. La incertidumbre no sólo llega a los empresarios o autónomos sino que alcanza a todos los ciudadanos.
Sí, se podría hacer este mismo viernes
En teoría la decisión se podía haber tomado este mismo viernes, en primer lugar porque la ley lo permite y así se hizo en 2010: la declaración del estado de alarma no requiere de plazos previos ni de otro requisito que la reunión del Consejo de Ministros que, por supuesto, podría haber sido virtual.
Del mismo modo se podría haber publicado una edición especial del BOE con el decreto ley, que podría haber entrado en vigor en unas pocas horas.
Además, tal y como adelantaba Ketty Garat en esRadio, desde hace varios días el Gobierno aseguraba que el ministro Grande Marlaska había cancelado su agenda para preparar los planes de contingencia necesarios para Policía y Guardia Civil, así que, de ser eso cierto, las fuerzas de seguridad podrían haber estado preparadas.
En definitiva, una vez más el Gobierno pospone una decisión, o al menos su aplicación, y genera una incertidumbre que podría haberse evitado y sigue transmitiendo una sensación de incertidumbre y de que va a remolque de los acontecimientos.