Vox denuncia que se está produciendo un "ataque a la democracia" por parte del propio Gobierno después de escuchar las manifestaciones realizadas este martes por la ministra de Educación, Isabel Celaá, y conocer el informe de la Guardia Civil firmado por el general José Manuel Santiago, que dijo trabajar para "minimizar el clima" contrario a la gestión del Gobierno.
En declaraciones a Libertad Digital, el portavoz de Acción Política, Jorge Buxadé, asegura que las palabras de Celaá son "antidemocráticas" y forman parte de la pretensión del Gobierno de "coartar la libertad de opinión, pensamiento, expresión o información" de los ciudadanos.
"Se lanzan directamente a la emisión de sus propios bulos y a impedir que los españoles tengamos opiniones alternativas a la verdad oficial", ha dicho. El vicepresidente político del partido acusa al Ejecutivo de "dar un salto cuantitativo en contra de las libertades individuales" y advierte de que su partido "luchará" en todos los ámbitos para denunciar este "brutal ataque".
Vox apunta al Gobierno por el informe de la GC
Vox señala directamente al Ejecutivo por el informe de la Guardia Civil que pide identificar bulos que "creen desafección a las instituciones del Gobierno" y considera que se trata de la "prueba evidente" de que el general Santiago no tuvo un lapsus.
"Estamos ante una campaña orquestada por el Gobierno para vulnerar la libertad de opinión, pensamiento e ideológica", ha denunciado Buxadé que insiste en criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus por su "falta de control" sobre la situación y las "mentiras" que vierte sobre el número de fallecidos e infectados.
Ofensiva en los tribunales
El partido interpuso ayer una denuncia en los tribunales para investigar quién dio la orden a la Guardia Civil de "minimizar" el clima de opinión contrario al Gobierno, además de querellarse contra Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia en nuestro país.
En los últimos días, Vox ha acudido también al Tribunal Constitucional para denunciar otros dos asuntos: el decreto del estado de alarma por considerarlo ilegal, a la vista de las medidas aprobadas por el Ejecutivo, y la suspensión del control parlamentario que acordaron PSOE y Podemos durante los primeros días en los que entró en vigor la medida.