En plena polémica por la gestión del coronavirus en las residencias de mayores, el vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, siempre se ha defendido de los ataques presumiendo de haber creado un fondo de 300 millones de euros para este tipo de centros. Así lo anunció en rueda de prensa el pasado 19 de marzo: "Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin". A partir de entonces, han sido numerosas las ocasiones en las que, en sede parlamentaria, ha vuelto a repetir el mismo mantra. En la sesión de control del pasado 29 de abril, Iglesias respondía así cuando le interpelaban por su actuación para paliar la grave crisis de las residencias: "Establecimos la flexibilización de la contratación en las residencias de mayores para que pudieran contratar personal necesario al igual que en la sanidad y destinamos 300 millones de euros que precisamente habrían de servir para que las comunidades autónomas pudieran contratar al personal necesario". El mismo alegato repitió, por ejemplo, el pasado 28 de mayo: "Nosotros reforzamos las competencias de las comunidades autónomas y les dimos 300 millones". Sin embargo, el propio RDL 8/2020 desmiente sus palabras.
Según este decreto, esa partida era realmente para la creación de un "Fondo Social Extraordinario para hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19 mediante transferencias a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales". De esta forma, cada región podía decidir a qué dedicaba el dinero que le correspondiese, entre un total de 9 proyectos, tal y como los denomina el propio texto del Gobierno.
Entre dichos proyectos, el decreto se refiere a los servicios de proximidad de carácter domiciliario, los dispositivos de teleasistencia domiciliaria, la rehabilitación o servicios de higiene a domicilio, la atención a personas sin hogar, la adquisición de medios de prevención, la ampliación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, los servicios de respiro a personas cuidadoras y el refuerzo de las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales. Es decir, que las residencias de mayores eran simplemente una posibilidad entre otras tantas.
En los últimos días, los responsables de las principales asociaciones del sector han venido denunciando que ellos no han recibido esos 300 millones de euros prometidos por Iglesias. Así, en declaraciones a Es la tarde de Dieter, Cinta Pascual, Presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, lamentaba que sus asociados no hubiesen notado la llegada de ese dinero, a pesar de que los 300 millones "eran finalistas y exclusivos para la atención de nuestros mayores en residencias, según decía el vicepresidente del Gobierno".
Tal vez por eso, en su última intervención a propósito de este asunto, Iglesias ya no hablaba de 300 millones para las residencias, sino de "300 millones pensados, entre otras cosas, para contratar profesionales en las residencias de mayores".
De esta matización dan cumplida cuenta las comunidades autónomas con las que Es la tarde Dieter ha podido contactar: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Cuando se les pregunta cuánto dinero han destinado a estos centros, todas ellas se justifican esgrimiendo que no era un fondo para residencias, sino un fondo social que les permitía elegir entre un amplio abanico de posibilidades. Así, cada región ha decidido libremente qué cantidad derivar a estos centros y mientras que hay comunidades que han destinado la mitad de su presupuesto a tal fin, hay otras que no han invertido ni un solo euro en esta partida.
Es verdad que no todas las regiones han recibido la misma ayuda. El reparto se ha hecho en base a unos criterios que ponderaban el número de habitantes, la población dependiente, la superficie, la insularidad, etc. Así, por ejemplo, mientras que Andalucía ha recibido casi 52 millones euros, Ceuta y Melilla se han tenido que conformar con 1 millón y medio. Precisamente por eso, la comparación más justa es la que podemos establecer en base al porcentaje del presupuesto recibido que cada región ha destinado a las residencias de mayores, y lo cierto es que las diferencias son significativas.
De las cinco comunidades que nos han facilitado datos concretos, la que más porcentaje ha invertido en estos centros es Castilla y León. En el reparto de Iglesias, su Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades recibió 17.652.224 euros, de los cuales habría destinado 9 millones a las residencias de mayores, lo que supone más del 50%.
En segundo lugar, estaría Andalucía, la comunidad más beneficiada por el reparto del Gobierno. De los 51.718.498 euros recibidos, habría destinado 8,1 millones a la contratación de personal en estos centros, lo que supone un 15,7%. En todo caso, desde su Consejería de Políticas Sociales aseguran que 29 millones fueron derivados a los Ayuntamientos y que, por tanto, es más que probable que algunos consistorios también hayan destinado parte de ese dinero a las residencias de titularidad municipal.
Aragón recibió casi 10 millones de euros e invirtió 1.500.000 en centros de mayores, es decir, el 15% de lo recibido. Aunque no han podido concretarnos la cifra exacta, desde el gobierno socialista de Javier Lambán insisten, no obstante, en que también han invertido "mucho dinero" en la creación de los llamados Centros Covid, que sirvieron, en su mayoría, para descargar a las residencias.
En cuarto lugar, se sitúa Castilla-La Mancha, que, de los 14.600.000 euros recibidos, destinó 1 millón a la contratación de personal en los centros de mayores, es decir, algo menos del 7%.
Sin embargo, el caso más llamativo es el de la Comunidad Valenciana. A pesar haber recibido de Ministerio de Iglesias casi 30 millones de euros, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra del partido Compromís no ha destinado ni un solo euro a las residencias de mayores. Según la información que nos ha proporcionado su departamento de prensa, todo ha ido a parar a la llamada renta valenciana de inclusión, a paliar la pobreza infantil y a mantener abiertos los servicios sociales y contra la pobreza de los Ayuntamientos. El ejecutivo de Ximo Puig no ha considerado necesario apoyar económicamente a los centros de mayores.
Con todo, si para algo sirven estos cinco ejemplos es para constatar que, en ningún caso, el Gobierno ha dado 300 millones de euros a las residencias, tal y como Pablo Iglesias ha venido presumiendo para defenderse de los ataques a su gestión.