Naufragio en toda regla del gobierno autonómico catalán ante los rebrotes del coronavirus. El presidente regional, Quim Torra, no comunica sus intenciones a sus socios de ERC, en cuyas manos están el área de Salud y la atención social. Los consejeros republicanos van a remolque de las humoradas del dirigente separatista, que se enfrenta además a la sublevación de los alcaldes de la comarca leridana del Segriá, la más afectada por la enfermedad.
Los alcaldes denuncian en primer lugar que Torra no les avisó de que pensaba confinar sus poblaciones y también la falta de recursos y liderazgo. Censuran además que Torra trate de echar balones y culpar al Estado a causa del tránsito de los trabajadores de la fruta. Las excusas políticas de Torra no les valen y la mayoría de ellos son primeros ediles de Junts per Catalunya (JxCat), la misma formación que sustenta al presidente de la Generalidad.
La Generalidad presenta en materia administrativa un cuadro desolador. Todavía no se ha cubierto la plaza del secretario de Salud, el número dos del departamento. El médico Joan Guix dimitió hace semanas invocando problemas de salud y la consejera no encuentra un candidato que quiera asumir el cargo en las actuales condiciones. Para abundar en el caos y la imprevisión, la Generalidad acaba de anunciar a bombo y platillo la creación de un "comité de seguimiento" del coronavirus, cinco meses después del estallido de la pandemia.
No funcionan los controles, no se ha llevado a cabo ningún plan de previsión para reforzar los servicios sanitarios, no hay control y seguimiento de los contagiados y la Generalidad trata de tapar sus carencias con órdenes inconcretas sobre la obligatoriedad de la mascarilla, que no está sustentada en decreto legal alguno. A izquierda y derecha se tacha la medida de cortina de humo para evitar que se hable del colapso político y administrativo de la Generalidad, con un gobierno cuyos socios no se hablan y una dirección errática.
Barrios de Barcelona bajo sospecha
Los casos se multiplican. Este jueves se han declarado brotes en las cuatro provincias catalanas. En el Real Club de Polo de Barcelona se han tenido que cerrar varias áreas por la afectación del virus entre los trabajadores. Al menos cuatro de ellos han dado positivo, lo que ha obligado a cancelar las actividades infantiles y a cerrar el restaurante. Los barrios de Sants-Montjuich y Sarriá-San Gervasio presentan un número de contagios superior a la media y se alude a un posible confinamiento parcial. La alcaldesa, Ada Colau, exige a la Generalidad más control y la administración autonómica replica que el Ayuntamiento también tiene competencias sanitarias.
El gobierno que se jactaba de que en una Cataluña independiente no hubiera habido tantos muertos no sabe qué excusa poner ahora, salvo la de que la culpa es de España por haber permitido la circulación de trabajadores para la recogida de la fruta en el campo ilerdense.
Denuncia por el confinamiento en Lérida
Al tiempo, la defensora del ciudadano de Lérida, Dora Padial, denuncia el confinamiento indiscriminado, asegura que se han vulnerado derechos ciudadanos y propone "que se confinen las zonas donde ha habido brotes, pero no a toda la población". Además, asegura que el plan de protección civil de Cataluña, denominado Procicat, prevé los confinamientos con porcentajes de contagios mucho más altos que los actuales.
También ha criticado la forma de comunicar el cierre de la comarca por parte del consejero de Interior, Miquel Buch, quien el pasado sábado aseguró que quien no regresara a su domicilio antes de las cuatro de la tarde no podría entrar en el perímetro confinado. Según la defensora del ciudadano del municipio, tal anunció generó alarma e indefensión.