Consumada la revocación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado separatista de octubre de 2017. La consejería de Justicia de la Generalidad ha dado luz verde a la propuesta de las Juntas de Tratamiento Penitenciario que aboga por la concesión del tercer grado a los condenados por la asonada. Así, los golpistas presos gozarán de un régimen de semilibertad y sólo tendrán que pernoctar en la cárcel entre semana. Y eso si es que no se les aplica un procedimiento de control telemático que les evitaría pisar la prisión.
La Secretaría de Medidas Penales de la consejería de Justicia ha ratificado las resoluciones de las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses. No niega que pueda haber reincidencia pero considera que el riesgo es bajo y que los presos han participado en actividades que demostrarían su aceptación y comprensión de las leyes, así como en otras que abundan en la "resolución de conflictos" mediante procedimientos pacíficos.
Con la decisión dependiendo de la consejería de Justicia, en manos de Esther Capella, de ERC, las autoridades de cada cárcel deben establecer a partir de qué día entra en vigor el tercer grado y las condiciones del mismo. Por ejemplo, si una pulsera de control telemático puede eliminar el requisito de que los presos pernocten en el centro penitenciario entre semana.
Recurso de la Fiscalía
La Fiscalía debe recurrir la decisión ante los jueces de Vigilancia Penitenciaria. En caso de que dichos jueces avalen la resolución la Generalidad, la Fiscalía puede recurrir la decisión al órgano sentenciador, el Tribunal Supremo, que es quien tendrá la última palabra. Sin embargo y en tanto no se resuelvan los recursos, los golpistas disfrutarán del régimen de semilibertad, que difiere del actual en que podrán pasar los fines de semana en libertad sin tener que solicitar permisos.
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carme Forcadell fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión en una sentencia que se dio a conocer el pasado mes de octubre. A primeros de año se les concedió un régimen muy parecido al tercer grado en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les ha permitido salir a trabajar en puestos hechos a medida. Así y por ejemplo, Oriol Junqueras dispone de un despacho "oficial" en el Ayuntamiento de Fonollosa en el que recibe visitas y preside reuniones. En teoría, debería dedicarse al teletrabajo para la Universidad de Vich.
Durante los meses que han pasado en las cárceles catalanas, antes y después del juicio en el Supremo, los presos no han parado de recibir visitas de "autoridades" y conceder entrevistas en las que se han reivindicado como "presos políticos".