La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que la investiga por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
Según informa Europa Press, Borrás ha llegado al Supremo acompañada de su abogado, Gonzalo Boye —condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla y Diego Prado y Colón de Carvajal, y también abogado del golpista Carles Puigdemont y de su sucesor en la presidencia regional, Quim Torra— poco antes de las once de la mañana, la hora a la que estaba citada por el juez.
Una vez que De Porres le ha leído sus derechos, la diputada ha comunicado que no tenía intención de declarar, pues, según ha explicado, está pendiente de practicar una diligencia pericial solicitada por su defensa. Cuando eso ocurra, ha dicho al salir del Supremo en declaraciones a los medios de comunicación, será ella la que solicite comparecer ante el magistrado.