ERC ceba la guerra contra sus "socios", los herederos de Convergencia, el partido del tres por ciento, y propone que la Generalidad se presente como acusación particular en el caso del 3%. Así lo ha dicho Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalidad y número dos de Oriol Junqueras. Quim Torra aún no se ha pronunciado sobre la propuesta.
El partido republicano se jacta de no tener ningún caso de corrupción y pretende hacer del tres por ciento uno de los elementos nucleares de la próxima campaña autonómica. Los sondeos de la propia Generalidad predicen un empate entre ERC y el partido de Puigdemont que los primeros pretenden deshacer por la vía de explotar los antecedentes corruptos de la formación posconvergente.
Así, Aragonès arremetió este domingo contra sus "socios" de manera implícita al proponer que la Generalidad se persone en el caso del 3%, que la semana pasada cerró el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata con la imputación de altos cargos y gerentes de la extinta Convergencia.
El segundo de Junqueras apuntó que, "como vicepresidente y consejero de Economía, tengo la responsabilidad de velar porque tengamos el máximo de recursos disponibles y se ha producido un malgasto tenemos la obligación de estar presentes en el proceso y velar por los intereses de la Generalidad y de los catalanes".
Declinó aclarar si había hablado con Torra del particular, pero se mostró confiado en que "encontraremos la forma de llegar a un acuerdo" para personarse en la causa. También dijo estar seguro de contar con la "complicidad" y "responsabilidad" de todos los consejeros de la Generalidad. "Si hay recursos públicos que han sido malgastados tenemos que hacer todo lo posible para que vuelvan al servicio de la Generalidad y la ciudadanía. Ese dinero no debe estar en los bolsillos de quien no toca, sino en hospitales, escuelas, atención a las personas y seguridad", abundó Aragonès.
El Ayuntamiento de Sant Cugat, en manos de ERC, ya ha anunciado que se presentará como acusación particular en el expediente de las comisiones cobradas por elementos del partido de Pujol, Mas y Puigdemont a cambio de adjudicaciones de obras y servicios en las administraciones que controlaban, ya fuera la Generalidad, ayuntamientos o diputaciones.