La Generalidad conculca por sistema los derechos de quienes hablan español, que son el 54% de los ciudadanos de Cataluña, y margina la cultura en ese idioma, según pone de manifiesto un estudio elaborado por Sociedad Civil Catalana. El Informe de convivencia lingüística revela que sólo el cinco por ciento de las iniciativas lingüísticas de la administración autonómica incluyen a los hispanohablantes.
Por contra, la administración central hace un importante esfuerzo en materia de bilingüismo e igualdad de trato en sus iniciativas a pesar de las denuncias de organizaciones nacionalistas como Plataforma per la Llengua, que exige que todas las comunicaciones orales y escritas del Estado sean en catalán.
El informe subraya que los catalanohablantes temen que su lengua deje de usarse en favor del español, que es la lengua mayoritaria entre los ciudadanos de Cataluña. "Una cantidad importante de catalanes se ven a sí mismos como una minoría étnica, con una cultura amenazada por la influencia del resto de España y la globalización", apunta el documento, que subraya, no obstante, que el catalán dista de estar en peligro de extinción.
Una agresiva política monolingüista
El estudio asegura también que "el gobierno de la Generalidad, se realiza una agresiva política monolingüista en la administración, en la escuela y en la cultura, así como una importante inversión pública en entidades y proyectos que fomentan la lengua y la cultura en catalán".
Además, apunta que algunos de estos proyectos "buscan la expulsión del español, como por ejemplo, el monolingüismo en catalán en la escuela, la no inclusión de información en español, lengua cooficial en Cataluña, en las comunicaciones de la Generalidad y muchos ayuntamientos, la exclusión de la cultura catalana en español de las ayudas y recursos públicos, el requisito de utilizar el catalán para acceder a subvenciones o ayudas generales, o la petición de CatalApp de informar sobre qué empresas no usan 'suficientemente' el catalán, y promover la delación para boicotear o imponer multas lingüísticas; unas multas que el TC ya declaró ilegales en 2018".
Sentimiento victimista
Según el informe, "el sentimiento victimista, y el concepto de 'lengua propia del territorio', alimentados por el nacionalismo están detrás de los casos de supremacismo, señalamiento, discriminación e incluso acoso de hispanohablantes".
Quienes hablan español en Cataluña "ven que, a pesar de la cooficialidad del español en Cataluña, la administración pública no respeta sus derechos lingüísticos individuales, y que en el ámbito público tienen menos derechos y acceso a recursos que los catalanohablantes". El informe sostiene que "muchos hispanohablantes sin titulación de catalán sienten como un agravio comparativo el que tener dicha titulación sea requisito para concursar a empleos públicos en Cataluña".
Idioma erradicado en la enseñanza
"La Generalidad y muchos ayuntamientos -añade el estudio- utilizan en sus leyes y normativas el impreciso término 'la comunicación será normalmente/preferentemente en catalán', que en la práctica se plasma en que todas las comunicaciones orales o escritas son en catalán hasta que no se piden explícitamente en castellano, y que aun así hay muchos formularios y páginas web oficiales, así como toda la toponimia y la radiotelevisión pública, exclusivamente en catalán".
El mayor agravio es que "la única lengua vehicular en la escuela pública sea el catalán, a pesar de que el Tribunal Supremo ha declarado que se debe ofertar también el castellano como lengua vehicular, al menos en un 25% de las asignaturas, y para conseguir hacer que la Generalidad respete el derecho de sus hijos, han de litigar ante los tribunales y a veces resistir situaciones de acoso institucional".