Este viernes se cumplen 5 meses exactos desde que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y encerró a toda España en sus casas obligando a cientos de miles de negocios a bajar la persiana. Desde que se pusiera fin a esa situación, el pasado 21 de junio, la gestión del Gobierno no ha mejorado. Si el saldo del estado de alarma suma 50.000 muertos, la gestión veraniega amenaza con colocar a nuestro país al borde de un nuevo arresto domiciliario. Ya este viernes ha comenzado la adopción de nuevas medidas restrictivas.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha celebrado un Consejo Interterritorial extraordinario y de urgencia para acordar con las comunidades autónomas nuevas medidas para frenar el aumento de contagios de covid-19. El político catalán ha anunciado, entre otras decisiones, el cierre de las discotecas y los bares de copas o la prohibición de fumar en la calle si no se puede garantizar una distancia interpersonal de dos metros.
Estas medidas llegan después de que, durante semanas, Sanidad haya defendido la suficiencia de las acciones adoptadas hasta el momento, quitando importancia al aumento de los rebrotes y desoyendo las demandas de las CCAA a pesar de informes como el de la Universidad de Cambridge que coloca a España como el país que peor ha gestionado la pandemia del mundo desarrollado.
Este es un resumen de la gestión veraniega del coronavirus por parte del Gobierno:
Illa, "hechizado por Simón"
El 18 de junio, Libertad Digital publicaba que los especialistas en Salud Pública del Ministerio de Sanidad se sentían ninguneados por el ministro Salvador Illa, y criticaban que hubiera centralizado toda la gestión de la crisis sanitaria en el director del CCAES, Fernando Simón, "sin contar con los criterios y opiniones del resto": "Illa parece que está hechizado por Simón, sólo confía en él y sólo hace lo que él dice. Sólo le importa su criterio".
Mientras numerosos dirigentes autonómicos y municipales demandaban a Sanidad que actuara y arrimara el hombro –el paradigma, en este sentido, ha sido el "coladero" del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez: Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, Antonio Zapatero, Begoña Villacís o Fernando López Miras han sido algunos de los que han exigido más controles–, los brotes se disparaban, Illa aseguraba que España era "segura" y repetía sin cesar que "los instrumentos que están a disposición de las CCAA y las medidas que están adoptando son suficientes". Además, criticaba medidas adoptadas por algunas regiones, como la "cartilla covid-19" de la Comunidad de Madrid.
Uno de los mayores escándalos relacionados con Sanidad se dio a conocer el 28 de julio, cuando el ministerio negó al Consejo de Transparencia que existiera un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la llamada desescalada del confinamiento. El Ejecutivo había asegurado en numerosas ocasiones que se guiaba por los criterios "de los expertos" y anunció que un equipo de científicos de diversas áreas había diseñado los planes de desescalada. Pues bien: el 30 de julio, Illa dijo que quien decidía los cambios de fase era él, "como no podía ser de otra manera".
Por otro lado, el Gobierno creó una nueva Secretaría de Estado de Sanidad con el objetivo de reforzar la "actual estructura" del ministerio del ramo.
Simón: de las vacaciones a la "cuestión semántica"
El verano de Fernando Simón arrancó con una portada de El País Semanal en la que aparecía fotografiado sobre una moto y con una chupa de cuero; asistiendo al funeral de Estado luciendo una mascarilla con un estampado de tiburones; y de vacaciones en el Algarve practicando surf mientras los rebrotes se extendían por casi todas las provincias (ABC publicó en exclusiva las imágenes del médico en la playa portuguesa de Carrapateira).
A lo largo de sus últimas ruedas de prensa, el director del CCAES se negó a pedir perdón por sus errores –"En ciencia, la rectificación es constante. Con eso está todo dicho"– y descartó varias veces una "transmisión comunitaria descontrolada" mientras crecía el número de contagios y se confinaban algunas localidades. En su comparecencia de este jueves, a la pregunta de si España sufría una segunda ola de la covid-19, respondió: "Que lo llamemos segunda ola o que lo llamemos ondas epidémicas asociadas a brotes con una transmisión más o menos controlada es más bien una cuestión semántica. Yo creo que no deberíamos buscar un término que nos genere más ansiedad de la cuenta. Sí que es cierto que estamos con un incremento de casos… podría ser o podría no ser una segunda ola".
Simón, el mismo que reconoció que no recomendó el uso de mascarillas porque no se podía garantizar su abastecimiento, hizo sus declaraciones más polémicas de este verano el pasado 27 de julio, cuando celebró que países como Bélgica y Reino Unido recomendaran a sus ciudadanos no venir a España. El director del CCAES afirmó que agradecía estas medidas porque "nos quitan un riesgo": "Desde el punto de vista sanitario, estas decisiones nos ayudan". La Mesa de Turismo no tardó en pedir la destitución inmediata de Simón, apuntando que las restricciones impuestas suponen "una grave amenaza para el turismo". Finalmente, el médico terminó pidiendo disculpas.
España, colista en la gestión de la covid
Esta gestión se ha visto aderezada este verano por casos polémicos de alcance como la decisión de Juan Carlos I a salir de España, o la imputación de Podemos por corrupción. Mientras, leíamos informes como el que publicó a mediados de julio la Universidad de Cambridge que publicaba su Informe Anual sobre Desarrollo Sostenible, que incluía un ránking, compuesto por cinco indicadores, que medía el comportamiento de los distintos países de la OCDE ante la primera oleada de contagios derivada de la propagación de la covid-19. Haciendo un símil futbolístico, Corea del Sur lideraba la clasificación, con un 0,9 puntos sobre 1; España era el colista, con un 0,39. Así, la universidad británica manifestaba que la gestión de la pandemia en España ha sido la peor del mundo desarrollado.
El 8 de agosto, un grupo de científicos e investigadores españoles publicaban en The Lancet una carta en la que reclamaban una "evaluación independiente e imparcial, por un panel de expertos internacionales y nacionales", sobre la gestión de la pandemia en España, centrándose "en las actividades del Gobierno central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas". En la misiva, estos científicos se preguntaban cómo en España, teniendo "uno de los sistemas de salud con mejor desempeño del mundo", ha habido más de 300.000 casos y más de 28.000 muertes registradas, "más de 50.000 trabajadores de la salud infectados y casi 20.000 muertes en residencias de ancianos".
Uno de los firmantes, el epidemiólogo y catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela Juan Gestal, declaraba en Es la mañana de Federico de esRadio que "el objetivo de esto no es culpabilizar, no es repartir culpas, sino aprender de los errores y no volver a caer en los mismos". Sobre Fernando Simón, afirmaba: "La posición del doctor Simón es muy complicada. Estar en un puesto de ese tipo, en donde salía rodeado de ministros, del presidente del Gobierno, de las fuerzas del orden… es muy difícil preservar una independencia técnica".
Además, este miércoles, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada divulgaba un informe en el que señalaba que al someter el Gobierno a la sanidad privada al "mando único", sus centros médicos y profesionales se vieron obligados a rechazar a sus pacientes habituales o asociados. Según informó Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, la supervivencia de más de 2.400 centros está en el aire y 60.000 profesionales podrían perder su trabajo, amén de otras 120.000 personas ocupadas indirectamente por la demanda que soporta el sector de la salud privada.
El miedo a un nuevo estado de alarma
Con las 11 restricciones anunciadas hoy por el ministro Illa y el número de contagios multiplicándose, crecen los temores a que el Gobierno vuelva a decretar un estado de alarma que obligue a un nuevo arresto domiciliario y al cierre de la actividad. España no puede permitírselo. En esta ocasión el Gobierno no podrá alegar, como hizo falsamente en marzo, que era imposible saber el riesgo que corríamos.