La pintada contra Pablo Iglesias en una carretera aledaña a la casa donde había decidido pasar las vacaciones con su familia ha desatado una profunda indignación entre las filas podemitas, que acusan a fiscales, jueces y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de tolerar el acoso contra su líder, el vicepresidente segundo, y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Los afectados se quejan además del efecto que las amenazas puedan tener sobre sus hijos.
La condena es unánime. Pero también se recuerdan los "escraches" azuzados contra dirigentes populares por Pablo Iglesias o las pintadas con amenazas de muerte contra Santiago Abascal. Las redes sociales bullen y "refrescan" las pintadas en el domicilio en Cataluña del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor del sumario sobre el golpe de Estado separatista. Nadie en la izquierda o en el separatismo condenó el señalamiento. Envalentonados, los jóvenes de Arran sembraron de pintadas amenazantes la carretera que conduce hasta la Escuela Judicial de Barcelona, donde daba clases la esposa de Llarena. También se marcó su segunda residencia, en la Cerdaña sin que eso provocara la más leve crítica.
El fallecido juez Ramírez Sunyer, que era el titular del juzgado que investigaba en Barcelona los preparativos del reférendum, también sufrió el marcaje del separatismo. Los alrededores de la casa que alquilaba en la Costa Brava amanecieron un día plagados de pintadas contra el magistrado. El casero decidió no volver a alquilarle la vivienda. Nadie alzó la voz. La secretaria de ese juzgado también sufrió el acoso, esta vez en redes, del separatismo. Se le acusaba de simpatizar con Ciudadanos.
Civiles y guardias civiles
Pero no hace falta formar parte de la magistratura o trabajar para la justicia para sufrir amenazas en Cataluña. Los padres que piden más clases de español para sus hijos también pueden ser señalados y acosados. Se marcan sus domicilios y sus lugares de trabajo o negocios. Es parte del "éxito" de la inmersión lingüística. La denuncia de unos padres de Balaguer (Lérida) llegó hasta el parlamento europeo. En Cataluña, en cambio, operó la ley de silencio.
Retirar de la vía pública los lazos amarillos con los que el separatismo recuerda a los golpistas presos es una actividad en la que se puede pasar de recibir amenazas a sufrir una brutal agresión sin que tampoco eso altere mucho la agenda política. Fue el caso de un ciudadano que fue brutalmente apaleado con un bate de béisbol. Las fuerzas locales de Sant Julià de Vilatorta condenaron el hecho, que se pasó por alto en la capital, Barcelona.
El pan de cada día
En cuanto a los políticos no nacionalistas, las amenazas, los escraches, el acoso, las pintadas y los insultos son el pan de cada día. A modo de ejemplo, el ataque sufrido por Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autònoma de Barcelona cuando encabezada la candidatura del PP en la capital catalana. Reacción de la izquierda y el nacionalismo: silencio absoluto. Más casos: Pintan el coche del dirigente del PP Alejandro Fernández con una esvástica: la desinfección de Amer, el pueblo natal de Puigdemont, tras la visita de Arrimadas o los insultos contra la dirigente liberal en su colegio electoral.
Las familias de los políticos no tienen la culpa, pero si no son nacionalistas se les puede acosar impunemente. Fue el caso del señalamiento del negocio de los padres de Albert Rivera, quien al poco de debutar en política recibió en su domicilio un sobre con una bala y su foto ensangrentada.
Y de nada sirve que algunos constitucionalistas ya no estén en política. El expresidente del PP catalán y exconcejal en Barcelona, Alberto Fernández, es insultado e increpado con frecuencia. Los Mossos consideran que el peligro de que los insultos se pase a la agresión es leve.