La discriminación y vulneración de los derechos de los hispanohablantes en los centros públicos de enseñanza en las autonomías bilingües han propiciado una dura carta del "Foro de Profesores" firmada por más de setecientos catedráticos, docentes e intelectuales y dirigida a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. En la misiva, los profesores enumeran casos en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia.
Exigen a la ministra que adopte "las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de menores, padres y profesores castellanohablantes en las comunidades autónomas bilingües". Se basan en las presiones recibidas por un profesor del Instituto Sant Agustí de Ibiza por hablar en español, asunto en el que la dirección del centro replicó que "la lengua vehicular del centro a todos los efectos (clases, reuniones con alumnado, profesorado y familias) es el catalán" y que sus normas de funcionamiento "están por encima de los derechos individuales".
Pero ese caso no es más que la punta del iceberg, uno más entre los cientos que se producen en toda España. Así, el Foro de Profesores, basa su denuncia en el expediente de "los 200 alumnos afectados por la anulación de plazas de español en las escuelas públicas Donibane y Fuerte del Príncipe, de Pamplona; en lo sucedido a un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo, requerido por la dirección y por la Inspección Educativa para que no utilice español en sus comunicaciones escritas; en la ley del plurilingüismo de Marzà en la Comunidad Valenciana, que reduce incomprensiblemente la enseñanza del español en zonas castellanohablantes o, finalmente, en las revelaciones del informe la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (2019), probando que ni un solo centro educativo público de esa comunidad cumple la normativa lingüística".
Los profesores recuerdan a la ministra Celaá que "los derechos no son de las lenguas. Son de las personas. De todas las personas. Es inaceptable que servidores públicos utilicen la política lingüística como herramienta de confrontación política y más aún cuando las víctimas son menores".
Entre los firmantes de la carta se encuentran Fernando Savater, Luis Alberto de Cuenca, César Nombela, Pedro Álvarez de Miranda, Francisco José Llera, María Elvira Roca Barea, Rosa Díez, Félix Ovejero, Teresa Freixes, José Domingo, Ana Losada, David Jiménez Torres, Miguel Ángel Quintana Paz, Miriam Tey y José María Marco.