Con Pere Aragonès ahora al frente de la Generalidad y con las consejerías clave para la gestión de la pandemia en manos de ERC, los de Oriol Junqueras han optado por hacerse fuertes en el día a día de la crisis sanitaria e intentar así, enterrar la maniobra de sus socios de JxCAT de sacar rédito por su incapacidad para controlar la pandemia ahora que Quim Torra está fuera del ejecutivo y con la política catalana en los minutos de la basura. ERC busca tomar ventaja y de paso, amarrar al PSC como futuro socio preferente.
Con el cerrojazo de bares y restaurantes hasta el 1 de noviembre, la Generalidad pretende vender "un sacrificio para evitar un cierre total", como decía este miércoles el propio Aragonès y salvar así a Cataluña de llegar al nivel de alarma en el que se encuentra la Comunidad de Madrid. Esta será la bandera que ERC agitará durante las próximas semanas: la de una gestión rápida para evitar el colapso del sistema de salud pasando por alto las consecuencias económicas más inmediatas. Este jueves, el TSJC le ha obligado a corregir defectos de forma en el documento presentado por la Generalidad y tras enviar las aclaraciones pertinentes, la medida espera ahora la respuesta del tribunal.
De no funcionar este nuevo paquete de medidas, el plan B para el independentismo sería solicitar al Gobierno central un estado de alarma. Una opción que solo baraja en sus discursos en público con el claro objetivo de desacreditar la constante oposición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la imposición de Moncloa. "No descartamos nada", ha afirmado este jueves, la consejera de ERC, Vergès en una entrevista en Cataluña Radio. Llamativo que minutos después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ponía como ejemplo a Cataluña en su intervención en el Congreso. "Se está actuando con determinación y contundencia y yo se lo quiero agradecer desde esta tribuna", decía Illa incluyendo después a Asturias en la felicitación.
Estrategia trampa
Tanto la consejera catalana como el titular de Sanidad tienen línea directa y frecuente desde que los datos en Cataluña han vuelto a fase de descontrol y pese a las declaraciones en público, ERC es consciente de que el coste de recurrir a "un instrumento jurídico que restringe derechos fundamentales", en palabras de Gabriel Rufián esta misma semana, sería muy alto. De ahí que sus verdaderas intenciones no vayan más allá de amagar en público con recurrir a este mecanismo legal para enfrentarse al discurso del ejecutivo de la Comunidad de Madrid y de paso, buscar la connivencia del ministro del PSC a quien elevar después a categoría de socio preferente tras las elecciones del mes de febrero.
En pleno clima de precampaña, las prioridades cambian y el giro de estrategia no ha sido nada casual. Responde a los resultados del último CIS catalán en los que los ciudadanos venían a exigir al Gobierno regional más gestión diaria y menos procés. En concreto, según el centro de opinión de la Generalidad (CEO) de octubre, el 56% de los catalanes considera que el gobierno autonómico debe centrarse en estos momentos "en resolver los servicios públicos que son de su competencia". Y es lo que venderán a su parroquia.
Tanto Aragonès como la consejera de Salud, Alba Vergès, han intensificado sus apariciones públicas en los últimos días coincidiendo con el momento más critico de la segunda ola de coronavirus en Cataluña. Los expertos sanitarios en esta comunidad advierten de que las cifras de contagio podrían duplicarse la próxima semana y ERC ha querido vender una actuación rápida activando un nuevo paquete de restricciones denunciado por "desproporcionado" por los sectores más afectados, como el gremio de la restauración.