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La número 2 de Sanidad consintió un desahucio municipal recurrido judicialmente en Utrera

Presidenta del PSOE en Utrera, guardó silencio ante el derribo de la vivienda de los desahuciados.

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Presidenta del PSOE en Utrera, guardó silencio ante el derribo de la vivienda de los desahuciados.
Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad | EFE

Siendo como era en el momento de los hechos, y sigue siendo en estos momentos, presidenta del PSOE de Utrera (Sevilla), Silvia Calzón, actual secretaria de Estado de Sanidad, consintió y guardó silencio cómplice sobre un escandaloso desahucio. Se trata del lanzamiento de la familia de un trabajador municipal que llevaba 33 años en una vivienda cedida por el Ayuntamiento a cambio de servicios prestados por su esposa de guarda y limpieza de las instalaciones feriales.

El desahucio, con derribo inmediato de la vivienda que está situada en el recinto ferial de la ciudad, tuvo lugar el pasado día 13 de noviembre. No prosperaron las razones de su defensa que aludió al carácter agudamente vulnerable de la familia –la madre, una persona de edad que cuidaba de los bienes municipales, padece cáncer y uno de los hijos sufre una minusvalía que lo mantiene en silla de ruedas– y el Ayuntamiento procedió al "lanzamiento", que es como consta el desahucio en los papeles oficiales.

Silvia Calzón ha tenido una larga trayectoria política en el PSOE de Utrera desde su afiliación a las Juventudes Socialistas. En 1999 fue concejal y teniente de alcalde. En 2007 fue candidata a la Alcaldía de Utrera, lo que no logró. En 2003, fue elegida secretaria general del PSOE de Utrera. En 2004-2008 fue elegida diputada en el Parlamento de Andalucía en sustitución de José Antonio Viera, condenado en el caso ERE. Luego ocupó diversos cargos en la Junta de Andalucía.

Volvió a ser concejal en el Ayuntamiento hasta 2015, durante el gobierno de Susana Díaz, dedicándose desde 2013 a ejercer como epidemióloga y profesora. Fue nombrada gerente del área sanitaria del sur de Córdoba y luego en Sevilla, hasta que fue nombrada Secretaria de Estado. Además de los estudios de Medicina es doctora en Economía por la Universidad de Granada.

Libertad Digital, en contacto con la familia, puede resumir los hechos de este escandaloso desahucio. El matrimonio formado por Ángel Antúnez, Rosario Jiménez y sus hijos han ocupado la vivienda, ahora derribada, desde el día 13 de enero de 1987 cuando el Ayuntamiento de Utrera les cedió tres habitaciones con un patio en medio para que viviendo allí pudieran hacer labores de guardia, limpieza y cuidado de las instalaciones feriales, tareas de la que se encargó siempre hasta el día antes del desahucio Rosario Jiménez.

Con sus propias manos de albañil, Ángel Antúnez convirtió aquellas habitaciones en una vivienda familiar y allí ha residido durante 33 años. Tan clara tenía el Ayuntamiento la situación que consideraba que Rosario Jiménez tenía derecho a un lugar en la plantilla municipal porque nunca fue contratada según el testimonio del propio secretario municipal, Juan Borrego, que reconoció además a los interesados que después de tantos años podían ejercitar acciones para optar a la propiedad de la vivienda.

Ángel Antúnez trabajaba, pues, en el Ayuntamiento como albañil y posteriormente como Coordinador de Festejos en el recinto ferial si bien quien cobraba por los trabajos de limpieza y guardería hacía era su mujer, Rosario. Cuando las instalaciones públicas, sobre todo un gran patio y un salón, se alquilaban para bodas, comuniones o celebraciones diversas, ella era quien se encargaba de su preparación y limpieza. Por su trabajo, percibía del Ayuntamiento 5.000 pesetas de las de entonces, que se le entregaban en negro desde hace 33 años.

No puede alegar ignorancia alguna de los hechos la secretaria de Estado Silvia Calzón por cuando, siendo concejal de Festejos desde 2001, coincidió con Ángel Antúnez cuando éste era coordinador de Festejos y mantuvo con él las relaciones habituales que su cargo exigía. Lógicamente no podía ignorar que el funcionario municipal vivía en aquella vivienda del recinto ferial.

Tan clara era la vinculación de la esposa de Ángel Antúnez con la vivienda y con las instalaciones municipales que la Policía Local de Utrera, el pasado día 3 de septiembre, dirigió a Rosario Jiménez Fernández, no a su marido, el contenido de un "Acta de solicitud de desalojo y acceso a la vivienda" como paso previo para acceder a la vivienda y proceder a su desalojo.

El caso es más sangrante si cabe por cuanto Ángel Antúnez dejó de trabajar en el Ayuntamiento en mayo de 2010 porque resultó calificado como sujeto de una incapacidad laboral. Desde entonces, la familia continuó viviendo en la vivienda porque nada tenía que ver la jubilación forzosa del funcionario con la cesión de la primitiva caseta municipal como residencia familiar dado que el motivo de la cesión era la guarda, mantenimiento y limpieza de las instalaciones, tarea que se ha seguido cumpliendo.

Javier Calero, abogado de la familia, que interpuso demanda en el juzgado de lo contencioso-administrativo 7 de Sevilla, considera que el desahucio es un hecho político protagonizado por un Ayuntamiento que había recibido subvenciones para hacer unas obras en el recinto ferial, obras que no hizo, y que debían estar terminadas el pasado 20 de octubre de 2020.

El Ayuntamiento, gobernado por el socialista José María Villalobos, temiendo que se le reclamara o retirara el dinero de la subvención concedida y no ejecutada, se puso en contacto con la familia y su abogado para llegar a un acuerdo "por lo bajini", según los afectados, sin papel alguno de por medio ni ofrecimiento de facilitar el acceso a otra vivienda.

La subvención fue concedida por Diputación Provincial de Sevilla, que rige el PSOE; por el gobierno central, que preside Pedro Sánchez y por el Consorcio de Aguas del Huesna cuyo vicepresidente es el propio alcalde de Utrera, Villalobos, donde cobra más de 61.000 euros por 35 horas semanales al margen de lo que cobra como alcalde y sus tareas. Hay que recordar que Villalobos ya está imputado por los presuntos delitos de malversación y prevaricación por la compraventa irregular de unos multicines.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus hizo que se pospusiera la ejecución de las obras previstas hasta del mes de diciembre. Ese fue el momento en que el Ayuntamiento sin más negociación ni conversación decidió el desahucio de una familia que había servicio al Ayuntamiento durante 33 años.

Lo más sorprendente es que las obras que van a efectuarse en esa zona no tienen que ver con un hospital, un instituto, un centro de servicios sociales o entes de servicio público. Sencillamente, se trata de la construcción de un camino que conduce al recinto ferial sin que, al parecer, se hayan contemplado otras alternativas.

El pasado día 13 de noviembre a las 7 de la mañana la familia fue desalojada sin que ninguna organización anti-desahucio ni asociación ni partido político hicieran acto de presencia. Sin incidente alguno y vigilados por la policía local y la Guardia Civil, los funcionarios del Ayuntamiento sacaron los muebles y enseres familiares en presencia de la concejala socialista Carmen Cabra, dejando a la familia en la calle.

Esta concejala fue condenada en 2018 por la Audiencia Provincial de Sevilla por un delito de amenazas leves por dirigirse a una vecina del municipio de este modo: "Te voy a arruinar, hija de puta, ese local no lo abres y éste te lo voy a cerrar, te vas a hartar de inspectores, te voy a hundir". Por ello, se le impuso una multa de 360 euros. Obviamente, no dimitió.

Afortunadamente, la familia ha logrado el auxilio de un hermano que los recogió hasta que pudiesen encontrar una nueva vivienda. A las pocas horas del "lanzamiento", se procedió al derribo de la casa no dando lugar a más acciones judiciales posibles.

El desahucio fue autorizado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla para cumplir el acuerdo municipal que el pasado mes de junio de 2020 declaró extinguido el derecho a ocupar esa vivienda. Ni siquiera se esperó a que se resolviera el recurso presentado por la familia contra esa resolución ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 11.

Este juzgado se declaró, sorprendentemente, no competente para resolver el aplazamiento solicitado el pasado día 18, cinco después de haber sido demolida la vivienda, con lo cual el Ayuntamiento procedió sin obstáculo alguno al derribo de la casa y del destino de una familia que ha contado con el silencio de la presidenta del PSOE de Utrera, la actual secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

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