Francis Puig, hermano de Ximo Puig, y el empresario Juan Adell Bover habían constituido un cártel que se dedicaba a la captación de subvenciones y de contratos con administraciones públicas, que no se alcanzaban por la calidad de las ofertas, sino que dependían de que la izquierda siguiese gobernando.
Así se desprende de una serie de mensajes telefónicos entre el empresario y el hermano de presidente de la Comunidad Valencia, que publica este martes ABC y en los que el primero mostraba su preocupación porque en las elecciones autonómicas de 2019 en varias comunidades autónomas siguieran el ejemplo de Andalucía y pasaran a manos de la derecha.
En estos mensajes Francis Puig tranquilizaba a su socio restándole fiabilidad a las encuestas pero admitiendo que le preocupaba "cómo evolucione todo lo que supone Vox".
"La mierda del valenciano"
Otra conversación llamativa entre los dos socios el hermano de Ximo Puig dice "aquí estoy con la mierda del valenciano" en referencia a las ayudas que da la Generalitat para el fomento de la lengua en los medios de la región.
Se da la circunstancia de que esta trama empresarial en la que esta implicado Francis Puig ha cobrado más de 300.000 euros de la Consejería de Educación y Cultura valenciana para estas actividades de promoción de la lengua en la región, una adjudicaciones que ya están siendo investigadas en un juzgado de Valencia.
Además, en otra de las conversaciones que reproduce ABC los socios admiten que uno de los contratos por los que ya han sido multados era objeto de una "baja temeraria" —una oferta del precio ofertado por debajo de lo razonable— y aseguraban que "todo vale por justificar lo del 20%", es decir, el sobreprecio que podrían aplicar a posteriori, tal y como permite la Ley de Contratos.
Las trampas para burlar las sanciones
Por otro lado, este mismo martes El Mundo publica las trampas a las que recurrió el cártel para poder concurrir a concursos públicos, a pesar de que ya se habían denunciado las irregularidades y las empresas originales eran vetadas.
Sin embargo, los miembros del cártel investigado acudieron a otras licitaciones a través de otra compañía —Televisión de Castellón— que se presentó para prestar servicios en tres comarcas de Castellón.
El PP emprenderá acciones legales
Ante estos hechos, la portavoz adjunta del Partido Popular, Eva Ortiz, aseguraba este lunes que su partido emprenderá acciones penales contra la empresa del hermano de Ximo Puig, en cuanto el partido tenga el expediente completo si no se abre causa desde el propio juzgado.
Ortiz se ha pronunciado así en rueda de prensa tras la sanción económica impuesta por el Comité de Competencia el pasado 4 de enero al grupo de comunicación de Els Ports, así como a otras tres empresas, al entender que se formó un "cártel de la comunicación".
La portavoz adjunta ha destacado que desde los servicios jurídicos de la formación popular se entiende que se podrían haber cometido presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y negociación prohibida de funcionarios.
"Nuestros servicios jurídicos están en conversaciones con la Fiscalía de la Comunidad Valenciana y la Fiscalía de Castellón porque hay un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón que da lugar a una serie de registros e intervenciones de WhatsApp" de los investigados, ha asegurado Ortiz en declaraciones de las que se hace eco Efe.