El Gobierno habla con dos voces, la de Podemos y la del PSOE, pero también con otras dos, la pública y la privada. La primera deja fuera la cascada de indignación que se registra en la segunda con el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por alentar ayer las manifestaciones violentas de apoyo al rapero Pablo Hasél. "Es una irresponsabilidad", explican fuentes gubernamentales a Libertad Digital ante la deriva morada de retorno a las calles estando en el Gobierno.
"Sólo ellos son capaces de quemar las calles desde la vicepresidencia" de Pablo Iglesias, a quien reprochan su silencio sepulcral: "Quien calla otorga", señalan estas fuentes recordando que fue Iglesias quien abrió el melón a cuenta de la "normalidad democrática" de que Hasél entrara en prisión. En público, el reproche es mucho más sutil y la tibieza, la marca de la casa de la coalición.
El tridente socialista: Calvo-Ábalos-Montero
La primera en poner paños calientes fue la vicepresidenta primera del Gobierno. En una entrevista en la cadena SER, Carmen Calvo deslizó, en impersonal y sin nombres, que "quienes tenemos un cargo público tenemos que vivir nuestra vida con una cierta complejidad. Una cosa es lo que tú puedas pensar y otra es la responsabilidad de tu cargo . Los cargos están para todo el mundo, no sólo para los que te votan. En ese sentido, una cosa es defender que la democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar unas movilizaciones en las que ayer vimos heridos, detenidos...".
A diferencia del silencio de la semana anterior, en plena campaña catalana, el Ejecutivo se esforzó esta vez por demostrar que "no nos estamos callando", según destacaban fuentes gubernamentales, aunque el contenido de sus palabras no incluyeran reproche alguno a Echenique sino más bien la defensa de su libertad de expresión. En este sentido, la ministra portavoz, María Jesús Montero, volvió a dar cuenta de su buena voluntad al asegurar que "yo creo que ahí el señor Echenique estaba expresando lo que también el Gobierno ha trasladado, que es la voluntad de cambiar esa ley, y por tanto que sigamos trabajando legislando. Cuando las personas se manifiestan lo hacen dentro de su libertad de expresión que hay que preservar en cualquier momento". Montero defendió que "somos dos formaciones políticas las que componen este Gobierno y los dirigentes que ni siquiera están incorporados en el Ejecutivo pueden manifestar en las redes sociales todo lo que expresen".
Una suerte de defensa o autodefensa a la que se incorporó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien llegó más lejos al desvelar al menos que "no comparte" su llamamiento a la violencia. "Entiendo que es un pronunciamiento personal de carácter político, ajeno al Gobierno y que no compartimos porque lo que queremos es que los derechos se defiendan por los cauces que el propio derecho establece". Y añadió una más: "El límite (a la libertad de expresión) es el de la fuerza que legítimamente sólo se reserva al Estado como es normal en un país con seguridad jurídica".
Podemos no condena... alienta
Una suavidad en la crítica que contrasta con el envalentonamiento de sus socios morados, quienes, no sólo se niegan a condenar, sino que siguen alentando 24 horas después las protestas callejeras y poniendo en su diana a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los pasillos del Congreso, el miembro de la dirección del grupo de Podemos, Rafael Mayoral, denunció a los medios de comunicación porque "lo que no está en las portadas de los medios es que se utilice fuego real, como está pasando en España, y todavía no haya responsables puestos a disposición judicial". Un "escándalo internacional, no podemos mirar para abajo".
Preguntado por si condena o no los disturbios y actos violentos, Mayoral pidió hacer "una reflexión en torno a los cauces de representación" en España pero sin responder a la pregunta. "Sí, sí, si es que yo tengo una opinión y las cuestiones no se responden con un sí o un no", dijo para abrir paso a una profusa reflexión, sin contestar a la pregunta, y cortando las siguientes con un "muchas gracias" mientras una periodista le interpelaba a voces: "¿Usted cree que se puede defender la normalidad democrática a pedradas?".
La otra voz autorizada que se ha pronunciado a nivel nacional fue Isa Serra en la Asamblea de Madrid. Tras negarse Podemos a adherirse a una declaración institucional de condena de la violencia en las calles de Madrid, Serra esquivó el balón denunciando que "cualquier demócrata debería de estar a favor de la libertad de expresión, en contra de que metan en la cárcel a raperos" porque "somos el país con más condenas a artistas con privaciones de libertad".