Tras meses de parón por la pandemia, la inmunidad de la que gozan como eurodiputados el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus otros dos compañeros de fuga, los exconsejeros, Toni Comín y Clara Ponsatí, vuelve a fase de examen. El lunes, 22 de febrero, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo –que preside Ciudadanos– debatirá el informe sobre los suplicatorios de cada uno de ellos, elaborado por el eurodiputado búlgaro, Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), después de escuchar a todas las partes.
Un dossier confidencial, adelantado por ABC y que ha podido confirmar Libertad Digital con fuentes europarlamentarias, que propone levantar la inmunidad tanto a Puigdemont como a Ponsatí y Comín en respuesta a la solicitud remitida a la Eurocámara por el presidente del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. El informe concluye que a los tres dirigentes separatistas se les reclama por hechos anteriores a su elección como miembros del Parlamento —el golpe separatista de 2017— y que por lo tanto, no guarda relación con su actividad como eurodiputados. El ponente también deja claro, según recoge ABC, que el Parlamento Europeo no debe cuestionar los procedimientos judiciales de los Estados miembros.
Dicho informe se someterá a votación el martes 23 de febrero por los miembros del órgano jurídico y esa decisión, que se tomará a puerta cerrada, será posteriormente elevada al pleno de la cámara la primera semana de marzo. Será en ese momento cuando sus 705 diputados decidan acerca de la protección de la que disfrutan Puigdemont, Comín y Ponsatí. "La cámara debería negar el suplicatorio y preservar la inmunidad si considera que sus parlamentarios están siendo perseguidos judicialmente por ejercer como tal, y conceder el suplicatorio cuando entiende que es por un motivo que no tiene nada que ver con sus actuales funciones", como es el caso, explica en declaraciones a Libertad Digital, el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Flores.
El voto del PSOE en el aire
"No se me ocurre otro escenario que el de la Eurocámara pronunciándose a favor de que a Puigdemont no se le persigue por ser eurodiputado y, por lo tanto, que se permita a España que pueda procesarle", afirma el experto jurídico consultado por LD anticipando el siguiente escenario tras una hipotética votación favorable en la cámara para retirar su inmunidad. En ese caso, se activaría el proceso de extradición para que el expresidente catalán pudiera ser juzgado en España. "Pero estamos ante un juego político", advierte Flores.
Tal es así, que el PSOE es el único partido que, a unas semanas del pleno decisivo, no ha desvelado el sentido de su voto. "Tenemos que esperar para ver qué es lo que pone en el informe y por lo tanto poder decir si vamos a votar a favor o en contra de lo que ese informe establece", decía a principios de semana la presidenta de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García, dejando sin resolver esta incógnita. Fuentes parlamentarias afirman a Libertad Digital que aunque la última palabra será de la justicia belga "la posición del Parlamento Europeo debería favorecer la entrega de los tres independentistas a la justicia española".
La justicia belga y el TC
El pasado 15 de enero, Puigdemont, Comín y Ponsatí comparecieron ante la Comisión de Asuntos Jurídicos para defender su inmunidad argumentando ser víctimas de una persecución política en España. Un argumento que a su también compañero de fuga en Bruselas, el exconsejero Lluís Puig, le sirvió para convencer a la justicia belga una semana antes para rechazar la tercera euroorden cursada contra él por el juez Llarena por su participación en el 1-O. Según su defensa, la Sala de Apelaciones belga actuó de esta manera por "falta de competencia del Supremo" y "riesgo de violación de la presunción de inocencia" por las declaraciones de jueces y autoridades políticas españolas.
Una actuación que para el entorno independentista sienta un importante precedente a su favor ya que confían en que, llegado el caso, la justicia belga volverá a actuar en el mismo sentido. Sin embargo, el pronunciamiento esta semana del Tribunal Constitucional avalando la competencia del Supremo para investigar y juzgar la causa del procés podría forzar un cambio de sentido en el procedimiento. "Me sorprende que un juez belga sepa más de derecho procesal que la justicia española", afirma ante este nuevo escenario, el catedrático de Derecho Carlos Flores. "No entendería que un juez belga pueda decir al Supremo que se está equivocando porque no es su competencia y luego al Constitucional, que no entiende la Constitución".
Llegados a este punto, Puigdemont estaría a dos pasos de poder ser entregado a España. El primero será la votación del suplicatorio, el segundo, el pronunciamiento de la justicia belga que facilitará o no su extradición. Hasta conocer ésta última decisión y de perder Puigdemont la inmunidad, el fugado continuará siendo diputado ya que, según refleja el reglamento de la Eurocámara, "la suspensión de la inmunidad de un diputado no constituye un veredicto de culpabilidad, sino que simplemente permite a las autoridades judiciales nacionales proceder a la investigación o el juicio", por lo que seguirá disfrutando de sus otros privilegios como parlamentario: sueldo, asesores, y despacho.