La repetición de un gobierno separatista, algo que el 14 de febrero por la noche parecía evidente y cantado, no acaba de cuajar. ERC trata de atraer a su campo a la CUP con promesas de difícil cumplimiento sobre un nuevo modelo policial que reste competencias y operatividad a los Mossos d'Esquadra. Los negociadores republicanos aceptan, en apariencia, una moratoria en el uso de proyectiles de foam y que los antidisturbios de la policía autonómica no participen en los desahucios. En teoría y si ERC acaba gobernando y dirigiendo la consejería de Interior, los agentes autonómicos verán recortadas severamente sus capacidades.
Sin embargo, hay otras peticiones en la lista de la CUP a las que no es tan fácil decir que sí, entre otras razones porque su cumplimiento no dependería sólo de la voluntad de ERC. Por ejemplo, la presidencia del Parlament que los independentistas antisistema reclaman para sí. Junts per Catalunya (JxCat) ha puesto pies en pared al respecto. Según se han repartido los cargos hasta el presente, esa presidencia corresponde al que haya quedado segundo en la particular liga de los partidos separatistas. Y no están dispuestos a ceder ese órgano de poder a la CUP sin más.
Tampoco están por la labor de asumir la dirección de ERC en el Govern sin que los republicanos asuman un calendario hacia la independencia con los tramos delimitados y un horizonte a corto plazo. Los de Puigdemont exigen que esta sea una legislatura de confrontación con el Estado, así como una posición común del independentismo en Madrid, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora con ERC como muleta del Ejecutivo socialcomunista. En ERC se niegan a lo primero por razones prácticas y a lo segundo, por cuestiones estratégicas.
Frente común
Los dirigentes de ERC creen que fijar plazos para la independencia supone hacerse una zancadilla a sí mismos. Y en cuanto a su papel en Madrid, no quieren compartir con los neoconvergentes la función mediadora que durante tantos años ejerció en exclusiva la coalición CiU. Y para compensar el hecho de que las negociaciones para formar Govern permanecen estancadas, ERC se ha sacado de la manga un "Pacto antifascista" con el que negar a Vox, el cuarto partido en número de votos y escaños, los puestos que le corresponderían en los órganos de gobierno de la cámara autonómica.
El acuerdo con la CUP y con JxCat es total, por lo que el objetivo es arrastrar al PSC y a los comunes, que están por la labor, y señalar a Ciudadanos y al PP si no se avienen a formar parte del frente común. El dirigente de Cs Carlos Carrizosa ya ha iniciado el desmarque apuntando que la extrema derecha en Cataluña es el partido de Puigdemont.
La violencia desatada en Cataluña por independentistas y antisistema tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél es otro de los factores en los que el separatismo manifiesta una única tesis. Los tres partidos se han negado a suscribir una moción de condena presentada por el PP en la Diputación de Barcelona. Ese posición común sirve para disimular que no hay avances en lo que referente a la formación de un gobierno regional. Planea sobre la situación política catalana una repetición electoral, perspectiva que JxCat contempla de manera muy positiva tras haber perdido las elecciones por la división de voto provocada por Artur Mas y su PdeCat. En una nueva convocatoria no habría lista pedecata, sostiene el entorno de Puigdemont, lo que devolvería la primacía del separatismo al partido del prófugo en detrimento del preso Junqueras.