Tras varios días de reuniones, el PSC de Salvador Illa, ERC, Junts, la CUP y la marca de Podemos en Cataluña han concretado un decálogo para frenar la actividad de Vox en el Parlamento catalán a 24 horas de la sesión constitutiva de la cámara autonómica. En una extraña paradoja, este acuerdo anti Vox incluye, en su séptimo punto rechazar de manera formal y unánime "motivos de discriminación de cualquier naturaleza" al mismo tiempo que llaman al resto de grupos a aislar a Vox en el hemiciclo.
El documento titulado "Por un Parlamento comprometido con la democracia, los derechos y la libertad" que independentistas y socialistas catalanes han remitido a los medios y que no cuenta con el apoyo de tres de los ocho grupos de la cámara, comienza en su primer punto con la exigencia de utilizar los espacios de intervención del Parlamento para "combatir los discursos de odio" y "contrarrestar informaciones falsas que puedan inducir a discriminaciones y vulneraciones de los derechos humanos".
En el apartado dedicado a la presencia en órganos de Gobierno, los tres partidos independentistas, PSC y comunes han decretado establecer los acuerdos que sean necesarios a fin de "impedir la presencia de Vox en la Mesa del Parlamento y en las mesas de las comisiones" así como evitar que la presentación de ponencias colegiadas recaiga sobre cualquier diputado del partido de Santiago Abascal en Cataluña.
No solo esto, también llaman no normalizar ni legitimar la acción política del cuarto partido más votado en esta autonomía. Para ello, han acordado "no suscribir ninguna iniciativa parlamentaria con esta formación y evitar que prosperen" las suyas. Es más, para mayor discriminación, el PSC, separatistas y comunes han acordado que cuando se organicen los encuentros de trabajo entre los grupos parlamentarios y entidades para abordar temáticas concretas, intentarán dejarles fuera, trasladando a las entidades de que no se convocará a formaciones de "extrema derecha".
El decálogo contra Vox también abre la puerta a posibles sanciones. Concretamente recoge el "impulsar las modificaciones legislativas y acciones necesarias para que se blinde el Parlamento de los discursos de odio y discriminaciones" y que se refuerce el llamado "Compromiso contra la Discriminación y el acoso" con sanciones en caso de no firmarlo. Algo a lo que Vox, por ahora, se niega.