No hay acuerdo ni visos de que a este paso haya un pacto entre separatistas para el 26 de marzo, fecha tope para la primera sesión de investidura en Cataluña. Los partidos separatistas negocian habilitar un órgano que tutele al nuevo Govern si es que logran ponerse de acuerdo en reparto de poltronas y prebendas. Las negociaciones no avanzan y las miradas se dirigen hacia la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quien tendría que permitir un discurso de investidura del candidato socialista, Salvador Illa, si ERC no consigue el apoyo de JxCat para su aspirante, Pere Aragonès.
El tiempo vuela y los negociadores de los grupos separatistas debaten sobre un nuevo organismo que vendría a suplir al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que devino en Pacto Nacional por el Referéndum, ente que degeneró en "estado mayor del proceso". Tanto en ERC y JxCat consideran que una de las razones de su falta de entendimiento en la pasada legislatura fue la inexistencia de un "espacio" con participación de las entidades civiles en el que poder dirimir las diferencias.
Así es que puestos a definir el nuevo organismo, JxCat pretende que el peso principal corra a cargo del Consell per la República, invento del prófugo Puigdemont que no acaba de arrancar, mientras que ERC y la CUP consideran que el tal consejo es en realidad un grupo de amigos del expresidente de la Generalidad y plantean un instrumento de nuevo cuño. Están de acuerdo, eso sí, en que en la plataforma de tutelaje tendrán que estar presentes la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium en calidad de árbitros.
¿Frente unido en el Congreso?
Otro de los puntos de discrepancia es que JxCat pretende que los grupos separatistas unifiquen sus posiciones en Madrid y presenten un frente unido tanto en el Congreso de los Diputados como en los tratos con el Gobierno, extremo al que ERC se niega de plano porque prefiere mantener su independencia y liderar sin interferencias la posición independentista en la capital de España.
Dadas las circunstancias y la falta de avances en la negociación, se da por seguro que el próximo 26 no podrá haber sesión de investidura, al menos del candidato Aragonès. Y Borràs maniobra para evitar que Illa pueda protagonizar un discurso de presidenciable en la cámara. En caso de que no se encuentre un candidato viable se abriría un plazo de dos meses. Y en el caso de que no hubiera acuerdo separatista en ese plazo se desembocaría en una nueva convocatoria electoral.