Por el juzgado de Instrucción número 2 de Hospitalet han desfilado este miércoles una decena de testigos en la causa por presuntas subvenciones fraudulentas al Consejo Deportivo del municipio, entre ellos, el responsable de destapar la trama corrupta, Jaume Graells, a día de hoy todavía concejal del PSC. Fue él quien puso en sobre aviso a la alcaldesa socialista, Núria Marín, de ciertas irregularidades que estaban cometiendo dos compañeros, también del PSC, en el Ayuntamiento: el segundo teniente de alcalde del municipio, Cristian Alcázar, y el exconcejal de deportes, Cristóbal Plaza.
La magistrada que instruye la causa, Beatriz Faura Aranda, trata de averiguar el papel de la alcaldesa socialista, presidenta del PSC, también presidenta de la Diputación de Barcelona y miembro de la ejecutiva federal del PSOE, ante las sospechas de supuestos desvíos de miles de euros de fondos públicos al ente deportivo. Graells ha vuelto a reiterar en sede judicial que comunicó estas anomalías a Núria Marín en cuanto tuvo conocimiento de las irregularidades, aportando la documentación que evidenciaría la presunta trama y que desde ese momento, casi un año después, la alcaldesa le ha venido marginando.
El concejal del PSC, asegura que se sintió "traicionado" por Marín de quien no recibió ningún tipo de apoyo tras destapar el caso y que la actuación de la alcaldesa de Hospitalet fue de "pasividad total" cuando se le alertó de la existencia de una doble contabilidad con medio millón de euros de diferencia. Tras comunicar las irregularidades, Marín solicitó una auditoría interna en el Consejo Deportivo que nunca se pudo concluir, según el consistorio, primero a consecuencia de la pandemia y después por la investigación policial.
Precisamente, otros de los testigos que hoy han prestado declaración ha sido el auditor al que se le encargó este informe que ha confirmado que no pudo completar su trabajo por la intervención de los agentes de parte de la documentación contable de la entidad deportiva. Pese a esto, el auditor ha asegurado que con lo que pudo analizar, un 30% de la información a la que tuvo acceso, había claros indicios de pagos que no estaban suficientemente justificados.
Con lo analizado hasta el momento, la magistrada sostiene que "en el desarrollo de esa actividad aparentemente ilícita" los directivos del Consejo de Deportes encausados "habrían contado con la connivencia" entre otras personas, de Núria Marín, quien "habría favorecido y/o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones" con fondos públicos del consistorio. Será el viernes cuando la alcaldesa del PSC tenga que prestar declaración ante la magistrada. Entre los imputados en la causa se encuentra también su jefa de gabinete, Montserrat Pérez. Marín por ahora se niega a dimitir de su cargo.