El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejará caer el 9 de mayo el actual estado de alarma y desiste de aprobar una prórroga o un nuevo decreto pese a estar inmersos en una cuarta ola de la covid-19. Según fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital, los planes del Gobierno pasan por dejar la responsabilidad nuevamente en las comunidades autónomas que tendrán que ser quienes asuman las restricciones sobre sus territorios sin contar con el paraguas legal del estado de alarma y sin la posibilidad de que se establezca un toque de queda nacional que sólo puede aprobar el Gobierno de la nación.
Este miércoles, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, aseguró que "el día 10 de mayo tenemos instrumentos ordinarios que, a cada paso que vayamos dando y a cada situación que se vaya presentando, se podrá resolver con el acuerdo continuo de coordinación de comunidades y el Gobierno de la nación". Una cogobernanza que el Gobierno pretende seguir dejando en el Consejo Interterritorial de Salud que, sin embargo, ya no ejercerá de mando único en la toma de decisiones ya que serán los propios territorios los que tendrán que actuar unilateralmente en el caso de que sus comunidades registren un pico en los datos de incidencia acumulada de la covid-19.
Según las fuentes gubernamentales consultadas por LD, el instrumento en el que piensa el Ejecutivo no es otro que la misma Ley de Salud Pública que utilizaron las CCAA hace un año para confinar determinadas localidades por motivos de salud pública obteniendo dictámenes judiciales dispares en función del territorio. "Tienen instrumentos legales suficientes con esa ley", explican fuentes de Moncloa a este periódico, ya que "la única limitación de las CCAA es que no afecten a los derechos fundamentales de manera generalizada", es decir, que los cierres se hagan de manera quirúrgica por áreas sanitarias y no en la totalidad de una comunidad autónoma.
El Gobierno retrocede así hasta el escenario de hace un año, previa a la declaración del segundo estado de alarma, cuando el Gobierno hizo recaer toda la responsabilidad en las comunidades autónomas abocándolas a actuar con la Ley de Salud Pública en su posibilidad de cerrar perimetralmente sus territorios, decisiones que fueron recurridas en los tribunales dejando resoluciones en un sentido y el contrario en función del tribunal y el territorio. Un caos al que sólo puso fin la cascada de peticiones de presidentes autonómicos en favor de un nuevo estado de alarma que permitiera actuar de forma coordinada.
Fuentes del Ejecutivo explican a LD que "no volveremos a este escenario" porque la situación "va a empezar a estar coordinada en mayo" y que no hará falta recurrir a un nuevo instrumento excepcional, ni siquiera en los dos meses que transcurrirán entre el levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo y el "hito" en la vacunación de lograr 33 millones de vacunados a finales de agosto. "Estamos en el principio del fin", insisten estas fuentes que rechazan adoptar más decisiones porque "no será necesario".