El control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que integra TV3, sigue siendo uno de los principales puntos calientes en las negociaciones entre los socios separatistas de ERC y Junts para cerrar un acuerdo de legislatura ya que ambos desean ostentar uno de los cargos más jugosos para los intereses del separatismo. Precisamente esta semana se confirmaba la presidencia del PSC de una de las comisiones que más polémica suscita a su vez en el Parlamento: la de control a la CCMA que se constituirá el próximo 7 de mayo.
Antes de que eche a andar, el grupo parlamentario de Salvador Illa ha querido aprovechar la sesión de control al gobierno que se ha celebrado este jueves en la cámara catalana —la primera desde las elecciones del 14 de febrero— para tratar de aclarar el origen del dinero que ha costado a las arcas públicas el documental El Judici (El Juicio) que desde el pasado 12 de abril emite TV3. 440.000 euros se ha pagado, en mitad de la pandemia, por la serie documental de ocho episodios que, en resumen, relata las estrategias de las defensas durante el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre y que está producido por el empresario Jaume Roures.
Coincidiendo con su estreno en la televisión pública autonómica, el Comité de Empresa de TV3 emitió un comunicado para lamentar la externalización de contenidos a Mediapro mientras se valora la reducción de plantilla. Un publirreportaje separatista que incluye resúmenes de las 54 sesiones de vista oral en el Tribunal Supremo y varias entrevistas realizadas a abogados, peritos, acusados, familiares o testigos únicamente del entorno de los golpistas. En palabras de su director, Lluís Arcarazo, "no es un documental independentista, sino de cómo unas defensas encaran un juicio político e histórico, con sus aspectos procesales pero también sentimentales y emocionales".
Sin rastro del dinero
La diputada del PSC, Beatriz Silva, ha sido la encargada de preguntar este jueves a la consejera de Presidencia de la Generalidad, Meritxell Budó, por el coste del documental recordando el dato de que toda la producción de documentales de TV3 en 2020 fue de 178.000 euros, menos de la mitad de lo que se ha pagado ahora a Roures. "440.000 euros es muchísimo dinero. Queremos saber de dónde ha salido porque en 2020 ya se utilizó el fondo Covid para hacer aportaciones extraordinarias a TV3. ¿Se ha comprado con el fondo Covid?", ha preguntado la dirigente socialista tras recordar que en una de las comisiones de control a la cadena, el director de TV3, Vicent Sanchis, "dijo que nuestra televisión pública no tenía recursos para comprar estos documentales. Ahora vemos que los ha comprado y que los está emitiendo".
Molesta con la pregunta, Budó no sólo no ha aclarado el origen del dinero sino que ha presumido de la "independencia, profesionalidad y pluralidad" de TV3 y de Cataluña Radio. "No es competencia del Gobierno decidir la programación ni controlar los contenidos de los programas", ha dicho la portavoz separatista pidiendo, acto seguido, "no minimizar el trabajo que hay detrás de este documental que recoge dos años de investigaciones judiciales y policiales para aportar las claves jurídicas, políticas y emocionales del juicio. Un juicio que continúa hoy siendo noticia". Eso sí, ni una sola palabra sobre el coste de la producción y el origen de esos 440.000 euros que se ha embolsado Mediapro.