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Los indultos dividen al Gobierno: Moncloa dice que la decisión "no está tomada" mientras Justicia pide "no asustarse"

Se abre paso la "generosidad". Fuentes consultadas por LD airean encuestas internas con "un clima favorable" al indulto y lo comparan con el 23-F.

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La cuenta atrás ya ha comenzado. Pasados ocho meses desde que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciara en el Congreso el inicio del trámite para la concesión de los indultos, proceso que suele durar medio año aproximadamente, el Gobierno es consciente de que la decisión se tomará en "las próximas semanas", según anuncian fuentes de Moncloa a Libertad Digital tras confirmarse que el informe del tribunal sentenciador, el Supremo, se hará público esta semana.

El Gobierno es plenamente consciente de la dificultad de la decisión sobre una medida de gracia que, a diferencia de todas las concedidas en el pasado reciente, no contará con ningún informe preceptivo favorable, el de la Fiscalía y el Tribunal del Supremo. Pero también es consciente de que la legislatura puede encaminarse a un punto muerto en el que Pedro Sánchez se vea forzado a cerrar el grifo de las iniciativas parlamentarias por falta de apoyos de sus socios (los 13 escaños de ERC y los 5 de Bildu).

La decisión "no está tomada", explican las fuentes gubernamentales consultadas por LD, y "hay que valorarlo todo" aunque en el Gobierno hay debate interno y división. En el núcleo duro de la Moncloa no son proclives a una decisión que podría ser demoledora para los intereses electorales de Pedro Sánchez en el corto/medio plazo y explican que la vía "siempre ha sido" la de aplicar una reducción de penas a través de la reforma del Código Penal para los delitos de sedición que supondría, de facto, la salida de la cárcel de los 12 condenados del 1-O en base al principio de favorabilidad penal.

Sin embargo, la división del Ejecutivo radica en las discrepancias entre las reticencias de Moncloa y la apertura —entre otros—, del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien pidió este lunes "no asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente" como los indultos porque "son instrumentos que están previstos en la ley, curiosamente desde 1870, y hay que verlos con naturalidad, sea favorable o desfavorable, parcial o total".

Y ésta es precisamente la vía por la que pretende transitar el Gobierno de Sánchez, la zona de grises. Un espacio intermedio de concesión parcial, no total, en el que se permita ceder o conceder la salida de prisión sin demasiado escándalo y actuar sin asumir el coste de la decisión. En Moncloa son conscientes de que la primera decisión de Campo abrirá el debate en el seno del Consejo de Ministros pero también recuerdan que "la última palabra será de Sánchez". Y hasta ahora el presidente ha dado muestras de ser proclive a la concesión de los indultos con su 'agenda para el reencuentro' y la mesa de diálogo pactada con ERC.

La equidistancia de Sánchez

Las últimas declaraciones de Pedro Sánchez se centraron en la equidistancia: "Nadie está libre de culpa, todos hemos cometido errores", dijo abriendo paso a la posición del PSC de Miquel Iceta y Salvador Illa, quienes abogaron por decidir "sin privilegios ni perjuicios" y buscando gestos que sirvan para la normalización. Un discurso al que se suma el de los socios minoritarios de la coalición, partidarios de la salida total y sin ambages de todos los presos del 1-O. Y en esa necesidad de apuntalar sus alianzas se entienden los nuevos argumentos que emplea en privado el Gobierno, como encuestas internas en las que se recoge una opinión pública cada vez más favorable a esta decisión.

"El tiempo va pasando y el Estado ya ha demostrado su fortaleza. Junqueras y el resto de los presos llevan casi cuatro años en prisión, que es más ya que algunos de los condenados por el golpe de estado del 23F", recuerdan que, "a excepción de Tejero, fueron indultados". Y añaden que el perdón de las penas sería compatible con la inhabilitación política de los condenados.

Partidarios, detractores y pragmáticos

Los hay partidarios, detractores y pragmáticos, que más que posicionarse a favor o en contra lo hacen en términos temporales. Éstos apelan a que, si hay que hacerlo, se haga cuanto antes para que dé tiempo a olvidarse de esta decisión de aquí al final de la legislatura en diciembre de 2023 porque "si se hacen, es para terminar la legislatura".

La cuenta atrás ya ha comenzado, algunas fuentes apuntan al verano, con las vacaciones y el tránsito vacacional ya en marcha, aunque en Moncloa apuntan a "las próximas semanas", siempre después de la celebración de las primarias del PSOE en Andalucía en el mes de junio para no regalarle la victoria a a Susana Díaz.

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