No han pasado ni 24 horas y el Ejecutivo ya se ha sumido en un clima de pesimismo ante el éxito de la operación sobre los indultos y las dudas sobre que esto "salga bien". Un baño de realidad que motiva el paso atrás respecto a la prometida reforma del Código Penal para rebajar los delitos de sedición que, según adelantan fuentes gubernamentales a Libertad Digital, se aparca ante la imposibilidad de salir adelante.
La información que adelantan las citadas fuentes a este periódico es que "no está previsto" que se presente el citado proyecto de reforma de Ley Orgánica en el próximo periodo de sesiones, de septiembre a diciembre de 2021, con lo cual se pospondría hasta el año que viene, 2022. Una reforma que prometió agilizar el Gobierno en 2020 como "alternativa" a la concesión de los indultos, que entonces rechazaba, ya que la reforma supondría la salida de algunos de los presos en base al "principio de favorabilidad penal", que supondría una rebaja de la condena a los condenados por el delito de sedición.
Con los presos ya indultados, la aplicación de la reforma sería un gesto de cara al fugado Carles Puigdemont, en el caso de que su eventual vuelta a España derivase en su esperada rendición de cuentas ante la Justicia. Un juicio del que podría salir airoso con la rebaja de las penas por sedición.
Sin embargo, lo sorprendente es que esta rebaja de las penas pensada para el independentismo podría no ser apoyada por el independentismo. Al menos, eso piensa el Gobierno: "¿Quién la va a apoyar? No vamos a presentar una medida sin tener los apoyos y saber que sale adelante", sentencian tajantes miembros del Gobierno. El apoyo de ERC "supondría aceptar que la sedición es un delito", por el que les juzgaron y condenaron.
Ésta es clave: para ERC la sedición es un delito "anacrónico" que quiere fuera del Código Penal, aunque no descartarían apoyar la rebaja de las penas si se camuflara con otros logros que permitieran aliviar lo que consideran "la represión contra Cataluña". De ahí, la petición expresa de Gabriel Rufián al presidente Pedro Sánchez este miércoles en la sesión de control: "¿Y ahora qué?", en referencia a los siguientes pasos con los que urgen al Gobierno: "Reforma del Código Penal, Tribunal de Cuentas, Ley Mordaza".
"Es difícil que la mesa salga bien"
En privado el Gobierno admite que el tono y las exigencias no auguran el gesto que esperaban de sus socios tras la concesión de los indultos: "Soy realista, la mesa de diálogo es difícil que salga bien. Es muy complicado", explican. En Moncloa abogan por "tener paciencia" pero también admiten que se han generado "unas expectativas tan grandes" que "la frustración será más que probable".
Por eso se retrasará a septiembre la mesa de diálogo con Cataluña, como adelantó Libertad Digital. Porque el equipo de Pedro Sánchez sabe que la única esperanza de que la mesa rebaje la tensión es que ERC "lidere la reconstrucción de la convivencia" en Cataluña rebajando la dureza de JxCAT y la Cup. "Se oponen radicalmente al diálogo. Aragonés lo tiene muy difícil". Y el Gobierno de Pedro Sánchez, también.
Las apelaciones al "hay que intentarlo" se han multiplicado en el Gobierno, tanto en público como en privado. Desde el mismísimo Pedro Sánchez al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien incluso ha admitido que "no tenemos la certeza del éxito de los indultos, claro que no, pero que sea posible al menos el intento".
Aragonés y Sánchez se ven el martes 29
La única esperanza en el corto plazo es que el presidente catalán pueda borrar de su orden del día las dos exigencias de ERC, autodeterminación y referéndum, para poder sentarse a la mesa con el Gobierno a la vuelta del verano. La fecha de la reunión en Moncloa entre Sánchez y Aragonés ya está cerrada: el martes 29 de junio se verán los dos interlocutores con la esperanza de que mover una ficha más en la agenda del reencuentro de Pedro Sánchez.