No es Pedro Sánchez hombre de seguir lo establecido. Más bien al contrario, el presidente del Gobierno -y líder de un PSOE del que fue desterrado haciendo historia en Ferraz y volvió contra pronóstico logrando la épica de acabar en Moncloa con la primera moción de la censura de la democracia-, se precia de romper las convenciones y utilizar la innovación y el golpe de efecto como bandera convirtiendo los medios en fin y la política en un frívolo ejercicio. Una cualidad que muchos erróneamente atribuían a Iván Redondo pero en la que Pedro Sánchez siempre fue el profeta adelantado.
Es éste el empeño que impera en la decisión del presidente del Gobierno de no seguir el precedente marcado por el PSOE histórico de Felipe González. Pedro Sánchez no dejará caer a Dolores Delgado forzando su dimisión antes de ser ejecutada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo el próximo 18 de octubre, como adelantó en exclusiva Libertad Digital. En el precedente de Eligio Hernández, sobre quien pesó también la declaración de no idoneidad en su nombramiento, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, le solicitó su dimisión en 1994 antes de que se consumara su destitución en la Sala Cuarta del Supremo que tiene mandato imperativo y ante el que no cabe recurso alguno.
Según las fuentes de Moncloa consultadas por este periódico, "la Fiscal General no va a dimitir", o lo que es lo mismo, Sánchez le sostendrá hasta el final en la confianza de que los fiscales "no se atreverán" a perpetrar la intención de declarar no idóneo el nombramiento de Dolores Delgado forzando su destitución. La aceptación del recurso de Vox supondría que se declararía nulo este nombramiento, lo cual obligaría al Gobierno a iniciar el procedimiento de sustitución de Dolores Delgado.
La intención no es tanto sostener a la Fiscal General, apuesta personal de Sánchez y con quien inauguró la puerta giratoria desde el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, como aguantar el pulso hasta el final. Y ello conecta con el mar de fondo que existe en el Ejecutivo contra a la Justicia: "quieren cargarse al Gobierno, ésa es la intención, pero no lo van a conseguir. Harán historia en su intento por deslegitimarnos", explican estas fuentes ignorando el precedente histórico de un nombramiento que incumplía los requisitos de imparcialidad y competencia.
El Ejecutivo se prepara para esta nueva batalla judicial en un momento especialmente sensible. El lunes 6 de septiembre se produce la apertura solemne del año judicial y esperan la invocación de Carlos Lesmes a una renovación del poder judicial que "no llegará en esta legislatura", según Moncloa. Un inicio del curso judicial que se espera con tensiones a la vista del horizonte próximo, pendiente de que el 14 de septiembre el Tribunal Constitucional emita la segunda sentencia sobre el recurso de Vox al segundo estado de alarma de seis meses, sobre el que descuentan un segundo varapalo al Gobierno; y pendientes de los indultos, sobre los que debe decidir también la Sección de los Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y que genera enorme inquietud en Delgado, en tanto en cuanto podría derivar en el reingreso en prisión de los condenados del 1-O.
Y ello explica que durante toda la semana precedente, el PSOE haya iniciado el curso político con una auténtica ofensiva sobre el "secuestro del poder judicial" por parte del PP a quien instan a su renovación. Una petición que motivó la rueda de prensa de Eva Granados el lunes en Ferraz y la rueda de prensa del Consejo de Ministros el martes en el Palacio de La Moncloa. Como ocurre con el caso del apoyo a Dolores Delgado, ni la intención ni la esperanza del Gobierno es desbloquear la renovación de los órganos constitucionales por parte de Pablo Casado. La estrategia pasa por identificar a las instituciones de Justicia como satélites del PP, al servicio del principal partido de la oposición en su intento por derrocar al Gobierno.
Y ése es el mensaje que utilizará el Gobierno para "defenderse del Supremo" cuando se perpetre el escándalo de la destitución de Delgado. El mismo que utilizó la ministra de Justicia, Pilar Llop, notaria mayor del Reino, cuando compareció en Moncloa para valorar(criticar) la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. Fuentes gubernamentales anticipan "una crisis institucional" en la que "el poder judicial ataca al ejecutivo y al legislativo cuestionando las decisiones legítimas del Gobierno", en tanto en cuanto el segundo aprueba en Cortes las decisiones que aprueba La Moncloa, desde los indultos al estado de alarma.
En Moncloa auguran un coste para la Justicia que "se comporta como una casta" y que beneficiará al Gobierno que se presentará como víctima a ojos de la ciudadanía. Las citadas fuentes apuntan a la falta de "tino" de los fiscales y se preguntan: "¿Se van a atrever a cargarse a la Fiscal que investiga al Rey Emérito? Que se atrevan". Y responde de forma negativa: "no se atreverán" porque "darán la razón a todos los que buscan un cambio de régimen". La batalla está servida y el Gobierno está preparado y armado de razones.