El Gobierno se sume desde anoche en un estado de shock. El temor a que la detención de Carles Puigdemont ponga en jaque la legislatura y una de nuevo al bloque independentista que logró fracturar Pedro Sánchez hace una semana con la mesa de diálogo para Cataluña ha hecho saltar todas las alarmas en el Palacio de La Moncloa. Prudencia contenida y declaraciones medidas al milímetro, como el comunicado que se publicó de madrugada de respeto a las decisiones judiciales, o como las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, deseando que todos los españoles "respondan ante la Justicia".
La condición de magistrada en excedencia de Robles no es casual. El perfil más moderado del Ejecutivo ha sido el elegido para mandar un mensaje de calma y prudencia que contrasta con el estado de ánimo del Ejecutivo y con sus deseos reales. Desde primera hora de la mañana, en Moncloa se instaló un gabinete de crisis con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a los mandos del operativo, habida cuenta de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se encuentra en La Palma para atender el otro volcán que ocupa la acción del Ejecutivo.
Recado a Aragonés
El presidente Sánchez compareció a las 13:00 horas, con la intención de amarrar a su socio republicano. "Hoy más que nunca, es importante reivindicar el diálogo. Es la única manera de reencontrarse. Hoy es, si cabe, más necesario . Lo fue hace 10 años, lo fue en 2017, y lo es hoy y lo será en el futuro. Quiero trasladar mi compromiso y mi reivindicación del diálogo para que los catalanes puedan superar el trauma de 2017".
En una nueva declaración sin preguntas de 1 hora y 20 segundos, manifestó su apoyo a las decisiones judiciales "también las que tome la justicia italiana" y pidió que Puigdemont "se someta a la justicia". Sin prestarse a ninguna pregunta de los periodistas, y según anticiparon fuentes gubernamentales a Libertad Digital, Sánchez también aprovechó para anunciar ayudas para los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la Palma, que fuentes del Ejecutivo defienden que "esto es lo que de verdad importa" a los españoles.
La Moncloa: "quedará en libertad"
En Moncloa admiten que evidentemente la detención tendrá consecuencias en las relaciones con sus socios de legislatura en el corto plazo. A largo plazo, tienen esperanzas. Porque lo que espera y desea Pedro Sánchez y su entorno es que Puigdemont no vuelva a España, que Italia siga la estela de Bélgica y Alemania y no entregue al eurodiputado a nuestro país.
Sería "un nuevo varapalo a la Justicia española", argumentan en la confianza de que la justicia italiana se acoja al auto emitido por la Audiencia Nacional, y corregido posteriormente, que anulaba la euroorden sobre la base del levantamiento de su inmunidad tras ser denegadas las medidas cautelares. Una zona de grises que permite generar confusión, escenario propicio para la decisión de la Justicia italiana.
De cumplirse este vaticinio, en Moncloa esperan que todo quede en un pequeño bache en el camino y que las relaciones con ERC permitan presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado, aunque quizás ya no "en tiempo y forma", como prometió el presidente. Porque lo ocurrido puede servir de pegamento temporal a los socios del govern, ERC y JxCat y retrasar el calendario de presentación de las cuentas públicas por la necesidad de Pere Aragonés de aparentar unidad con los de Junts. Recuerdan en Moncloa que la apuesta de Aragonés por la mesa de diálogo es firme, hasta el punto de que "ERC participó en la mesa de diálogo cuando sus líderes estaban en la cárcel y se ha reunido en solitario ahora sin la presencia de Junts".