En una durísima resolución, el Sindic de Greuges —el equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana— asegura que la consejería que lidera Mónica Oltra "ha impedido concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio" que este organismo inició a finales del pasado mes de enero con el fin de conocer de primera mano el estado y los problemas de los centros de menores de la región.
Tanto es así que su máximo representante, Ángel Luna, ha decidido iniciar una ronda de visitas presenciales por todos los centros para poder mantener una "entrevista personal y privada con todos los directores y directoras" a los que, según denuncia, se les ha impedido responder personalmente al cuestionario que les envió hace meses para conocer sus impresiones de primera mano.
Según sostiene la resolución, el 28 de enero se solicitó a la Consejería toda la información relativa "tanto a la elaboración de la normativa pendiente en la materia, como a las circunstancias de los diferentes centros y las actuaciones de la Conselleria en relación con los mismos". Sin embargo, al no considerar suficiente la respuesta recibida, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana decidió remitir un cuestionario específico a cada uno de los directores de los centros.
Una grave "intromisión"
Ante "la generalizada falta de respuesta", el organismo que dirige el socialista Ángel Luna volvió a reiterar su petición, pero, "de forma sorprendente", lo único que recibió fue un oficio de la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, que se encargaba de responder en nombre de todos ellos, omitiendo aspectos que el Defensor del Pueblo considera de vital importancia.
"Lo que realmente se acompañaba era un documento, sin firma alguna, pero con membrete de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, que recogía, de forma sucesiva por centros, la respuesta a algunos de los datos solicitados por el Síndic a los directores y directoras, omitiendo otros aspectos del cuestionario tan relevantes como las observaciones, opiniones y valoraciones requeridas, de forma personal, a los citados responsables de los centros", reza la resolución hecha pública este jueves.
Así, Luna se muestra convencido de que "alguien con autoridad suficiente dio instrucciones para que la respuesta a los cuestionarios directos e individualizados que pidió el Síndic se remitiera incompleta". Por eso, ante "la gravedad de la intromisión cometida", el Defensor del Pueblo decidió solicitar entonces una explicación por parte de la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Sin embargo, Mónica Oltra no solo respaldó lo sucedido, sino que eludió ofrecer "ninguna actuación que permita llevar a efecto la investigación tal y como había sido diseñada y planificada por esta institución".
Nuevas medidas
Con todo, Ángel Luna acusa directamente a Oltra de impedir "concluir adecuadamente la investigación" y advierte de que ahora serán sus propios técnicos los que visiten de forma presencial todos y cada uno de los centros para "conocer, de primera mano, la situación de los menores".
No en vano, con el fin de evitar que la consejería de Mónica Oltra vuelva a tratar de silenciar a sus máximos responsables, el Defensor del Pueblo asegura que dicha visita incluirá "una entrevista personal y privada con todos los directores y directoras", que, esta vez sí, no tendrán más remedio que responder individualmente a todas las cuestiones que se les plantee.
Los centros de menores de la Comunidad Valenciana han estado en el punto de mira por muchos y muy diversos escándalos, entre ellos, el protagonizado precisamente por el exmarido de Mónica Oltra, condenado de 5 años de prisión por abusar de una menor tutelada que residía en el centro donde trabajaba como educador social.