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Los socialistas salvan en Cataluña el fondo de dinero público para avalar a los independentistas

Miembros del Instituto Catalán de Finanzas confirman ante la Fiscalía las deficiencias del fondo.

Miembros del Instituto Catalán de Finanzas confirman ante la Fiscalía las deficiencias del fondo.
El líder del PSC, Salvador Illa, en el pleno del Parlament | EFE

Era el siguiente paso tras validarse el pasado 29 de julio en el Parlamento catalán el decreto de la Generalidad para crear el fondo de 10 millones de euros con el que se avalarán, recurriendo al Instituto Catalán de Finanzas, las multas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 ex altos cargos por presunta malversación de fondos públicos para actos de propaganda separatista en el extranjero. Finalmente serán 29 cargos separatistas los que se beneficiarán de estos avales.

Este jueves, el gobierno separatista ha ido un poco más allá y ha logrado tramitarlo vía proyecto de ley, tal y como recomendó el Consejo de Garantías Estatutarias, gracias a la mayoría separatista con la que cuenta en la cámara (ERC, Junts y la CUP) y al respaldo del PSC de Salvador Illa y de los comunes.

El organismo jurídico-consultivo al que la Generalidad no ha respetado sin embargo en otros momentos, como durante las leyes de desconexión de 2017, también sugirió el pasado mes de julio en su dictamen modificar la parte del texto en la que se regula el papel del llamado ICO catalán y sus limitaciones, el depósito del aval y el momento en el que se devolverá ese dinero a las arcas autonómicas.

El Consejo de Garantías Estatutarias fue muy claro en su advertencia de que ese aval "debe ser excepcional y muy limitado en el tiempo" dada su "naturaleza pública". Sin embargo, el consejero de Economía, Jaume Giró, no ha dudado en volver a avisar en su intervención en el pleno de que su principal objetivo es blindarse ante posibles ilegalidades futuras: "Nos dotamos de un mecanismo que permita garantizar el restablecimiento de la libertad para hacer acción política en Cataluña sin miedo", ha defendido el dirigente separatista.

"La posición de nuestro grupo es favorable a la existencia de esta cobertura para cubrir a todos los servidores públicos. Nuestro grupo solicitó un dictamen al Consejo de Garantías y fue favorable. En coherencia, somos determinantes aunque sus dictámenes no sean vinculantes", así ha justificado en el pleno el diputado del PSC, Jordi Riba, su voto en contra a la enmienda a la totalidad con texto alternativo que ha presentado el grupo de Ciudadanos, el único que lo ha intentado.

Desde el grupo de Salvador Illa han arremetido contra esta maniobra de los de Carlos Carrizosa por ser "excluyente" en su intento por proteger a todos los trabajadores públicos, independientemente de que se esté avalando a algunos de los golpistas condenados también por el 1-O. "Todos menos los que no me gustan o no me caen bien", ha criticado el dirigente del PSC.

La enmienda con texto alternativo de Ciudadanos defendida por el diputado Nacho Martín para "evitar la impunidad y el rescate a aquellos que están procesados por cometer delitos contrarios al ordenamiento constitucional" tampoco ha sido respaldada por los grupos constitucionalistas. Vox ha votado en contra y el PP se ha abstenido ambos por verla innecesaria y con pocos visos de prosperar.

Miembros del ICF denuncian deficiencias

En las últimas horas, cuatro miembros del Instituto Catalán de Finanzas han confirmado ante la Fiscalía Superior de Cataluña que la manera en la que se actuó con la aprobación de aval no fue "informada, rigurosa, independiente ni profesional", según avanza La Vanguardia. Se trata de los tres vocales que se opusieron a dar luz verde a este aval y el consejero delegado que se absutuvo.

El diputado del partido de Santiago Abascal en Cataluña, Andrés Bello, ha recordado que su grupo parlamentario ya ha presentado "una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas, una querella ante el TSJC contra el presidente Pere Aragonès, el consejero de Economía, Jaume Giró y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà por la posible comisión de un delito de prevaricación y de malversación y un recurso de inconstitucionalidad" que ya ha sido admitido a trámite. La Fiscalía está ahora a la espera de lo que ocurra en el TSJC con estas querellas para seguir adelante con las pesquisas.

Por su parte, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, también ha mostrado su rechazo al decreto ley de la Generalidad denunciando "una malversación de la malversación" con el único fin de "blanquer delitos pretéritos con el dinero de todos". Fuentes del PP catalán afirman a Liberta Digital que el motivo por el que no han respaldado la propuesta alternativa de Ciudadanos es porque los separatistas "se encargarían de encontrar cualquier recoveco para incumplir la ley y sería contraproducente".

El silencio de la Abogacía

A finales del mes de julio, coincidiendo con la validación en pleno del decreto de la Generalidad, el Tribunal de Cuentas solicitó con urgencia un informe a la Abogacía del Estado ante las "dudas" sobre la legalidad de estos avales a 34 exaltos cargos (serán 29 los que recurran a ellos) con dinero público. El organismo buscaba conocer si en opinión de la Abogacía, la Generalidad podía hacerse cargo de las responsabilidades contables de dirigentes como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Artur Mas cuando es "la administración autonómica perjudicada". Casi dos meses tardó la Abogacía en contestar que "no procedía" contestar.

Fue el pasado 21 de septiembre cuando, mediante un comunicado, la Abogacía se escabullía del asunto del que previamente tambien había escapado el abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas afirmando que " no procede la emisión del informe que le fue solicitado sobre los avales presentados por la Generalidad" dado que la Abogacía del Estado "tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que este informe se incorporaría".

Esta postura de la Abogacía ha sido aprovechada por el separatismo para seguir adelante con sus planes entre los que se siguen incluyendo buscar un avalista internacional que pueda hacerse cargo de ese dinero. En la cámara catalana los siguientes pasos serán la creación de una ponencia para elaborar un informe sobre el decreto ley y acto seguido, los grupos podrán presentar enmiendas al texto antes de la votación definitiva.

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