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El Tribunal de Cuentas tumba el aval a los independentistas y ordena el embargo de bienes

La delegada instructora rechaza el fondo de riesgo porque las perjudicadas son las arcas públicas.

La delegada instructora rechaza el fondo de riesgo porque las perjudicadas son las arcas públicas.
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en una visita a Waterloo | EFE

El Tribunal de Cuentas ha decidido rechazar el polémico fondo complementario de riesgo dotado de 10 millones de euros de dinero público para avalar, a través del Instituto Catalán de Finanzas, las multas de 5,4 millones impuestas por el órgano fiscalizador a 34 altos cargos de la Generalidad por la promoción exterior del procés. En un comunicado, el Tribunal confirma que a partir de este momento "procede el embargo de los bienes y derechos" de los multados. Entre ellos se encuentran el líder de ERC, Oriol Junqueras, el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont y el también expresidente Artur Mas.

La delegada instructora, Esperanza García, ha tomado esta decisión después de solicitar a la Abogacía del Estado un informe sobre la legalidad de este fondo. El Tribunal de Cuentas buscaba conocer si en opinión de la Abogacía la Generalidad podía hacerse cargo de las responsabilidades contables de estos dirigentes separatistas teniendo en cuenta que es la administración autonómica perjudicada. La Abogacía respondió que no procedía su respuesta y el Tribunal de Cuentas ha determinado que el aval no puede provenir de un organismo público.

La semana pasada, los grupos separatistas lograron su tramitación vía proyecto de ley gracias al apoyo del PSC que justificó su apoyo apelando al informe del Consejo de Garantías Estatutarias, que no se opuso al fondo pero que advertía que éste debería ser "excepcional y muy limitado en el tiempo". El informe de este órgano jurídico-consultivo no es vinculante. Varios miembros del Instituto Catalán de Finanzas denunciaron ante la Fiscalía que el proceso de creación del fondo no fue riguroso ni transparente.

Limitarlo en el tiempo no es, desde luego, la intención del consejero de Economía que ya dejó claro en un pleno que el objetivo era blindarse ante posibles ilegalidades futuras: "Nos dotamos de un mecanismo que permita garantizar el restablecimiento de la libertad para hacer política sin miedo en Cataluña", dijo Giró en sede parlamentaria. Vox ya ha emprendido acciones legales contra el consejero Giró, el presidente Pere Aragonès y su consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

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