La Mesa del Congreso ha decidido con los votos de PSOE y Podemos, que gozan de mayoría, mantener en su escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, contraviniendo la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por patear a un policía. PP y Vox han votado en contra y acusan al órgano dirigido por Meritxel Batet de "indultarle" y cometer una "cacicada".
Los partidos del Gobierno argumentan que cumplen el informe preceptivo elaborado por los letrados de la Cámara, favorable a mantenerle el acta, según ha defendido el portavoz socialista, Héctor Gómez. Un documento que, según ha denunciado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ni siquiera está firmado y nadie ha asumido haber solicitado.
El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha respondido asegurando que ningún informe de los letrados del Congreso va jamás firmado y que actúan de oficio, sin que sea necesario pedir sus servicios. El portavoz incluso se ha burlado de Espinosa calificándole de diputado "novato" por su denuncia y asegurando que sus declaraciones son una "tontería".
"Indulto fruto de una cacicada"
La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Congreso de haberle "indultado" en una actuación que considera "esperpéntica", recordando que se trata de la misma Mesa del Congreso contra la que ha fallado el Tribunal Supremo al declarar ilegal el cierre del Parlamento durante la pandemia y que ha sentenciado que los derechos de los diputados fueron vulnerados.
Espinosa de los Monteros ha dicho que la actuación de la Mesa es una "cacicada en contra del Estado de derecho, de la división de poderes" y un "golpe contra el prestigio de las instituciones". Ambos partidos han solicitado a la Junta Electoral Central que se pronuncie al respecto, además de elevar una cuestión a la Fiscalía y al Tribunal Supremo para que aclare si la condena conlleva la pérdida de su condición de diputado.
Fuentes de PP y Vox cuestionan el papel de los letrados del Congreso "interpretando" una sentencia del Tribunal Supremo que debería ser de obligado cumplimiento y aseguran que, en caso de duda, el Congreso debió solicitar una aclaración al Alto Tribunal para decidir si retirarle el acta o no.
Estas mismas fuentes critican que un órgano como la Mesa decida sobre la ejecución de una sentencia y lo haga con los votos de Podemos, el mismo grupo al que pertenece el diputado afectado por la decisión.