Se avecinan tambores de guerra entre comunidades. El modelo de financiación, que lleva caducado desde 2014, va a revisarse. La idea del Ministerio de Hacienda es hacerlo a lo largo de esta legislatura y 2022 va a ser el año clave ya que en 2023 se esperan elecciones generales y autonómicas. Antes, se esperan unas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que cada uno defenderá su postura.
Lo que ya ha podido comprobar María Jesús Montero es que en materia de financiación no importan los colores del Gobierno y que cada uno va a primar sus propios intereses. "Aquí cada uno defiende su territorio", decía un presidente regional. "Cada uno tiene que poner por delante su tierra y es lo que vamos a hacer", asegura otro. La financiación va a hacer extraños compañeros de cama, independientemente de las siglas.
Se mantiene la reunión de Feijóo
Al Gobierno no le gustó nada que Alberto Núñez Feijóo organizase una cumbre para analizar el modelo de financiación e invitase a ocho comunidades, entre ellas cinco socialistas (Asturias, Castilla la Mancha, La Rioja, Extremadura y Aragón). Se trata de unos foros que eran habituales desde hace años pero sólo centradas en las comunidades del noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León). Ahora, ante el anuncio de revisión del modelo de financiación, se ha extendido hasta crear un bloque de casi 10 millones de habitantes.
Algunas voces pidieron que los socialistas cancelasen la asistencia a la reunión y otras, como el Secretario de Política Autonómica del PSOE, el extremeño Guillermo Fernández Vara, pidieron aplazarla para tener antes una postura homogénea en el partido. La reunión se producía esta mañana y han constado que existen dos bloques diferenciados entre los que asistirán y los que no han sido invitados. No han logrado un acuerdo aunque al final Ferraz sí permitirá que acudan al foro organizado por el gallego.
La crítica más vehemente ha sido la del barón castellano-manchego, Emiliano García Page, que ha defendido negociar con el PP asegurando: "Si es con independentistas, lo llamamos diálogo". "No es un frente contra el Gobierno de España ni nada que se le parezca", tranquilizaba su homólogo aragonés, Javier Lambán.
Montero, preside la reunión
A la cumbre, organizada por Ferraz, ha acudido la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y, por sorpresa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque ha evitado participar o dar explicaciones. "Se ha limitado a escuchar", decían varios asistentes.
Allí, la ministra ha podido ver cómo sus presidentes autonómicos se dividían en dos bloques. Por un lado, Asturias, Extremadura, Castilla la Mancha y Aragón le piden criterios de solidaridad interterritorial y les recuerdan que tienen una población envejecida y dispersa. Por otro lado, regiones con población más joven también le piden más recursos. Comunidad Valenciana recuerda que está infrafinanciada y pide "armonizar impuestos". Baleares asegura que sus hospitales tienen que hacerse cargo de una población flotante en verano.
"Cada vez es más difícil la situación de las Haciendas autonómicas", defiende el aragónes, Javier Lambán, "el coste de la sanidad ha aumentado en los últimos años y necesitamos un nuevo sistema de financiación". Aragón defiende que "se page por el coste del servicio y no por habitante" como pretende Valencia o Andalucía.
Aunque algunos presidentes negaban las discrepancias. "Lo normal es esto, reunirnos, lo que no es normal es bloquearse en Whatsapp", decía el asturiano, Adrián Barbón. Lo cierto es que el PSOE ha alcanzado un acuerdo muy tibio con un comunicado en el que anuncian que cualquier cambio en la financiación debe recoger la "suficiencia financiera", "la equidad" o "la solidaridad entre las nacionalidades y territorios que componen España". Unas palabras genéricas que podría firmar cualquier comunidad. Lo que sí han acordado es en seguir viéndose, con una periodicidad por determinar, para tratar de alcanzar algún acuerdo y limar asperezas.
Contra Ayuso
Entre los presidentes también han estado presentes las palabras de Urkullu acusando a Madrid de dumping fiscal. Mientras que el aragonés, Lambán, evitaba "descalificar" a otros presidentes, el presidente valenciano, Ximo Puig, aseguraba que "hace tiempo que coincido" con esas declaraciones. Una de las peticiones de Valencia es la armonización fiscal para evitar que comunidades como Madrid puedan bajar o bonificar impuestos.