En sólo unas horas, la Ley de Memoria Democrática ha pasado de ser un hito que iba a "acabar con la impunidad" a ser una norma que no va a cambiar nada sustancial. Al menos eso tratan de afirmar en conversaciones informales altos cargos del Gobierno al ver el revuelo que se ha formado y que, reconocen, no se esperaban.
El sector socialista del Ejecutivo tratará de explicar que la Ley Orgánica de 1977 prevalecerá sobre la Ley Ordinaria de 2021. Creen que las enmiendas del articulado dicen una obviedad y que no hay ningún cambio significativo. Incluso rebajan la influencia de la Fiscalía que investigará los crímenes del franquismo y lo reducen a una mera sala para exhumaciones.
Podemos dice lo contrario
Estas declaraciones chocan con la postura de Unidas Podemos, el grupo encargado de presentar ante la prensa las 30 enmiendas conjuntas con el PSOE. Creen que las correcciones a la Ley permitirán perseguir a todo aquel acusado de "crímenes de lesa humanidad y torturas". Incluso remiten al Derecho Internacional para decir que éste prevalecería sobre cualquier norma local.
En Twitter, el portavoz de Unidas Podemos y número dos del ministerio de Ione Belarra, el comunista Enrique Santiago, afirmaba que "el principio de no retroactividad de normas penales desfavorables tampoco puede dejar en impunidad los crímenes internacionales". El secretario general del PCE aprovechaba un hilo en la red social para descalificar a los jueces: "Solamente esa oscilación a la derecha post franquista de la judicatura permite explicar que España sea el único país de Occidente que ha permitido la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura".
En un mismo día, los dos partidos del Gobierno vendían dos discursos. De un lado, el PSOE le restaba importancia a las enmiendas y vendía que no va a cambiar nada, salvo que van a profundizar en el reconocimiento de las víctimas. En la otra orilla izquierda, Podemos mantiene que se podrán juzgar crímenes y, aunque no lo citen, todos esperan ver la imagen de algún exministro como Rodolfo Martín Villa sentado ante un tribunal. Las dos versiones diferentes son el preludio de otro posible choque en el Gobierno de coalición.
Malestar social
Desde que se conocieron las enmiendas, el revuelo causado ha sido mayúsculo y, reconocen en el Gobierno, bastante inesperado ya que ha afectado a sus simpatizantes que ven con malos ojos que se toque la Ley de Amnistía de 1977. Una norma que, en su día, fue vendida como un logro de la izquierda. Por eso, desde el Ejecutivo insisten en que la ley de Adolfo Suárez no se va a cambiar aunque metan unos artículos en una ley ordinaria.
En el PSOE tratan de entender qué ha fallado para generar tanto malestar entre la ciudadanía. Algunos cargos creen que el problema ha sido dejar la presentación en manos de Enrique Santiago, el líder del PCE y secretario de Estado de la Agenda 2030. "Era necesario más pedagogía", afirma algún diputado socialista.
Sin ERC y sin Ciudadanos
El problema no es sólo dentro del Gobierno, es también con los partidos que deberían votar la ley. El Ejecutivo se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado, si siguen insistiendo en que la ley no va a cambiar nada, indignan a ERC que les acusa de "vendehumos" y pide la derogación total de la Ley de Amnistía de 1977.
Por otro lado, Ciudadanos se ha retirado de cualquier tipo de negociación. El portavoz naranja, Edmundo Bal, afirmaba que "no se van a sentar, de ninguna manera" y le pedía a Bolaños que "no le llame hasta que no se retiren del Congreso de los Diputados esas enmiendas". El número dos de Inés Arrimadas añadía que "si se toca una sola coma de la Ley de Amnistía, se está atacando la Transición española".
En el Gobierno ironizan con que ERC se borra por un lado y Ciudadanos por el contrario. En la Moncloa esperaban tener la "vía naranja" para salvar la ley, pero ahora contemplan cómo los liberales se levantan de la mesa cuando creían que, con sus explicaciones sobre que no iba a cambiar nada, ya les tenían ganados. Incluso reprochan el momento escogido: el jueves a mediodía cuando Bolaños ya había salido en una entrevista radiofónica restándole importancia a las enmiendas.
En el PSOE recuerdan tanto a Ciudadanos, como a otros partidos, que ellos son el único partido que firmó la Constitución y que sobrevive con las mismas siglas. A eso se van aferrar para evitar que les sigan acusando de demoler la Carta Magna de 1978.
Seguirá la negociación
El Gobierno mantiene que van a hablar con todos aunque con quien más oportunidades tienen es con ERC. La vía separatista es también la favorita de Podemos. Los socialistas insisten en que, en ocasiones, hay que llegar a enmiendas para que todos estén conformes.
Los de Rufián quieren quitarle al Rey su título, algo difícil de digerir al PSOE tras la polémica por la Ley de Amnistía. Sin embargo, hay una petición que puede ser más factible: convertir la Comisaría de Vía Laietana en un "lugar de memoria histórica". La propuesta de ERC supondría sacar a la Policía Nacional de su jefatura y blindar "el traspaso y reconversión" del edificio. Es la opción más viable para el PSOE y Podemos si quieren sacar adelante su Ley de Memoria.
