El pasado viernes a mediodía los consejeros de Hacienda de quince comunidades autónomas (todas salvo el País Vasco y Navarra que cuentan con regímenes forales) recibieron un documento de más de 240 páginas en las que se detallaba el criterio de población ajustada, a partir del cual Hacienda quiere determinar el reparto del dinero en el nuevo sistema de financiación.
Desde ese momento, las consejerías de Hacienda de las distintas comunidades están estudiando el borrador remitido por María Jesús Montero. "Vamos a intentar aventurar una propuesta", aseguran desde el Ministerio de Hacienda quienes presumen de "hablar hablado con todas las autonomías" y que la propuesta ha sido elaborada por expertos. "No es un nuevo modelo, se trata de una propuesta en base a la población ajustada", matizan.
En lo que hay unanimidad entre todas las regiones es en dar por finalizado el actual modelo de financiación que lleva caduco desde 2014. A partir de ahora, los consejeros de Hacienda pondrán la lupa en las diferentes variables y tendrán que remitir al Ministerio sus contrapropuestas para tratar de consensuar un punto de partida común. Tienen hasta enero para hacerlo.
División entre comunidades
Las diferencias son notables. En el Gobierno Murciano lo han considerado "un horror". Creen que el documento es "poco entendible" y "muy vago". Murcia es en teoría una de las comunidades más beneficiadas ya que, junto a la Comunidad Valenciana y Andalucía, llevaban tiempo reivindicando el criterio de población ajustada.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advertía en su mensaje del Día de la Constitución que "los andaluces no vamos a permitir que las amenazas al proyecto común deriven en privilegios de aquellos que desoyen el mandato constitucional. No más que nadie pero tampoco menos que cualquier otro español".
Mientras que Ximo Puig, al poco de recibir el documento, veía en esas 240 páginas "esperanza" ante una propuesta que consideraba "rigurosa y seria" y "bastante alineada" con sus reivindicaciones. Tanto la Comunidad Valenciana como Murcia, hablan de "infrafinanciación" y esperan que el nuevo sistema sea más justo.
Queda por ver qué opinan Madrid y Cataluña. Dos de las tres comunidades más pobladas de España. En Hacienda deslizan que "Madrid tiene los mismos intereses que Cataluña" porque "tienen más renta y PIB". "No hay diferencias por colores políticos", advierten desde el entorno de Montero "sino por intereses regionales". Un presidente del PP ya advertía que "no habrá modelo de financiación posible que guste a Cataluña".
El G-8 de la España despoblada
Desde que se conoció que, tras aprobar los Presupuestos, Hacienda se iba a poner con la financiación autonómica y a finales de mes les remitiría un borrador, Galicia coordinó un grupo amplio con unos intereses comunes: población envejecida y dispersa. Lo que empezó siendo como una unión del noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria junto a Castilla y León) derivó en una cumbre de ocho presidentes autonómicos en Santiago de Compostela, después de que se unieran Aragón, Extremadura, Castilla la Mancha y La Rioja.
Algunos bautizaron a esos ochos barones como el G-8 de la España despoblada. En Hacienda han restado importado a esa foto asegurando que son muchas comunidades pero que apenas "representan al 24% de la población" y que sus criterios serán escuchados. "Si todos renuncian podría haber un acuerdo", señalan.
De ese grupo, el Gobierno extremeño está satisfecho con lo que han recibido y no plantean remitir grandes objeciones. La Rioja sí ha visto cosas que no le satisfacen pero ambas comunidades socialistas coinciden en que en líneas generales "les gusta". Mientras que el cántabro, Miguel Ángel Revilla, el único que no pertenece ni al PP ni al PSOE aunque gobierna en coalición con los socialistas, no oculta que "en principio", "le suena mal" el criterio de población ajustada.
En cambio, Galicia es la más crítica. Desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo reconocen que hay cosas "que van en la buena dirección" pero también hay "cosas sorprendentes". "En el ámbito sanitario a la gente menor de 40 se paga más que a los de 60 años". El gobierno gallego pedirá "más ponderación" y advierte a María Jesús Montero que lo primero que tendría que tener claro Hacienda es "cuánto hay para repartir". "Mientras no lo digan, eso no será un sistema de financiación".
Galicia reclama que a la hora de repartir el dinero, se tenga en cuenta la edad "porque no es lo misma la atención sanitaria a un joven que a un anciano". En la propuesta de Hacienda, la ponderación del gasto sanitario pasaría del 38% al 40% aunque sin detallar la edad. Asturias, otra de las comunidades más envejecida, advierte que no aceptarán un sistema que no atienda el principio de solidaridad entre regiones. Su presidente, el socialista Adrián Barbón, asegura que si el "sistema de financiación no recoge los intereses de Asturias, no me vale"
¿Acuerdo en 2022?
"A ver cómo nos peleamos", resume un presidente autonómico. "Va a ser un lío entre Comunidades", añade otro. "Es una base para hablar y discutir", tercia otro presidente. La guerra por la financiación acaba de empezar.
A lo largo de 2022 puede que haya un acuerdo o que, las elecciones autonómicas y generales, acaben por posponer un pacto. En ese caso podrían alcanzarse 8 o 9 años con un sistema caducado. Quedan varios Consejos de Política Fiscal y Financiera para debatirlo o, al menos, para intentarlo.