Justo el día que el consejero de educación catalán, Josep González-Cambray, visitaba la escuela de Canet de Mar, donde se ha estado acosando a un menor de 5 años, la ministra de Educación, Pilar Alegría, llamaba al responsable de la educación en Cataluña aunque evitaba reprocharle sus declaraciones contra los jueces, los periodistas que le preguntaron en castellano o contra la familia que ha pedido que se cumpla la sentencia del Supremo.
"Ha sido una llamada en tono cordial", destacan fuentes de La Moncloa quienes recalcan que "se ha ofrecido todos los medios del Estado para proteger al menor", aunque evitan dar más detalles. Las competencias son limitadas ya que una protección policial correría a cargo de los Mossos, que dependen de la Generalidad.
La llamada ha sido revelada por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien ha recalcado que quiere evitar "cualquier tipo de acoso, ni en Cataluña, ni en ninguna otra parte de España, ni mucho menos en la escuela que debe ser el ejemplo de la convivencia y de las relaciones más cívicas en la educación con nuestros hijos".
"Es un hecho puntual de acoso a un menor en un centro educativo", señala Rodríguez quien enmarca la llamada en la "normalidad entre las relaciones del Gobierno institucionales entre el Gobierno de España y la Generalitat". La conversación entre la ministra socialista y el consejero de ERC llegan en un momento tenso entre ambas formaciones después de que ayer, por sorpresa, los separatistas presentasen 16 enmiendas a los Presupuestos en el Senado.
En el Gobierno han adoptado un perfil bajo en este caso, para evitar irritar a sus socios parlamentarios, y se limitan a añadir que la sentencia del 25% en castellano "tiene que cumplirse y respetarse". "Todos los niños tienen que salir de la escuela con competencias en ambas lenguas", matiza la ministra, Isabel Rodríguez, dando por bueno el discurso de los separatistas que aseguran que la inmersión les permite manejar por igual el castellano y el catalán cuando salen de la escuela.
"Sin delitos de odio"
Fuentes de La Moncloa, consultadas por LD, aseguran que no se plantean convocar a la Comisión de Seguimiento de Delitos de Odio. Se trata de unas reuniones semestrales que evalúan los planes contra conductas discriminatorias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo convocó de urgencia este pasado mes de septiembre, tras conocerse una supuesta agresión homófoba a un joven en Malasaña, que acabó resultando una denuncia falsa por miedo a que su novio le descubriese una infidelidad.
En esa ocasión, Sánchez no dudó en convocar una reunión de urgencia a la que asistieron la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, los Coordinadores Nacionales del Plan en los ámbitos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como por representantes de asociaciones afectadas, en ese caso LGTB. Ahora, fuentes del Gobierno dicen que no está en sus planes.