Albert Donaire, mosso d'esquadra, jefe de los mossos separatistas e incluido en las listas de Junts per Catalunya (JxCat) en las pasadas elecciones ha emitido un mensaje en Twitter en el que señala con nombre y apellidos y supuesta militancia política al padre de la familia de Canet de Mar acosada por pedir clases de español para su hijo de cinco años. El tuit contiene también suposiciones y frases despectivas.
A pesar de la denuncia de Hablamos Español contra la web separatista que proporcionó datos clave de la familia y de su negocio, ni la web Llibertat.cat ha retirado el enlace ni Donaire ha dejado pasar la oportunidad de apuntar al padre para continuar con el señalamiento separatista.
La plataforma de padres contrarios a la aplicación de la medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de un 25% de español en una clase de P5 niega las amenazas, pero manifiesta tener conocimiento de quién es la familia denunciante. Así se desprende de una información de La Vanguardia en la que dichos padres afirman rechazar "categóricamente" que "desde las redes sociales relacionadas con el colegio se hayan vertido amenazas contra la familia denunciante. Es más, desde la plataforma lamentan que el conflicto amague una intencionalidad política, ya que vinculan al denunciante con un determinado partido político".
Del señalamiento de la web Llibertat.cat y de Donaire, así como de las declaraciones de los padres a La Vanguardia se puede deducir fácilmente que ni la consejería de Educación ni la dirección del centro han sido capaces de preservar la identidad e intimidad de la familia tal como les ordenó el TSJC en estos términos el pasado jueves: "Corresponde requerir al Consejero de Educación y al director o directora del centro educativo el Turó del Drac de Canet de Mar, a los efectos de adoptar las medidas necesarias para preservar la protección y la intimidad del menor y del recurrente, así como la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo".
Tampoco habrían tenido éxito las gestiones del Gobierno en las que pedían al consejero Gonzàlez-Cambray que velara por el menor y su familia.