Vox ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso para defender la objeción de conciencia de los médicos para los abortos y las eutanasias. El partido aboga por regular este derecho con una norma específica para "proteger la conciencia individual de los sanitarios que se enfrentan a un Gobierno empeñado en legislar a favor de la muerte", ha dicho el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros.
En la propuesta, el partido apuesta por garantizar la objeción de conciencia de "todos los sanitarios", es decir enfermeros, auxiliares, etc, no sólo los médicos; que se reconozca este derecho para cualquier acto relacionado con el aborto o la eutanasia; que no haya registros con sanitarios objetores que el partido califica de "listas negras"; además de "garantizar que el sanitario que objete no sea privado de seguir desempeñando su labor" ni sea excluido de las instituciones sanitarias.
"Protección frente a las presiones del Gobierno"
Espinosa de los Monteros ha defendido en una rueda de prensa desde el Congreso la necesidad de "poner negro sobre blanco" que no se puede obligar a los sanitarios a ir en contra de su conciencia y practicar abortos o eutanasias.
Aunque las leyes aprobadas por el Gobierno no atentan contra este derecho, reconocido también en la Constitución en su artículo 30.2 para el servicio militar obligatorio, Vox cree necesario "proteger a los sanitarios de presiones de legisladores como los de este Gobierno que parece empeñado en proteger la muerte".
El partido siempre ha defendido la derogación de las actuales leyes del aborto y la eutanasia pero, mientras no logra su objetivo, ha explicado Espinosa, aspiran a "apuntalar" la legislación actual con su propuesta para dar mayor protección a los sanitarios en el reconocimiento de este derecho.
La propuesta ha sido presentada después de que el pasado mes de julio el Parlamento europeo aprobara el Informe Matic que declara el aborto un derecho universal y defiende prohibir la objeción de conciencia de los médicos para obligarles a practicarlo. Aunque se trata de un texto no vinculante que no obliga a los estados miembros de la UE a su aplicación, su contenido sí influye en la legislación europea y de cada uno de los países.