La promesa de derogar la reforma laboral ha vuelto como un boomerang hacia Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Después de solicitarla durante meses, ahora a sus socios les sabe a poco el pacto con los agentes sociales que mantiene la mayor parte de la normativa diseñada por Fátima Báñez.
"Pedimos cosas muy sencillas de comprender, que ellos prometieron en su campaña electoral y en sus programas", decía Gabriel Rufián, quien en una rueda de prensa en el Congreso dejaba un mensaje velado a la vicepresidenta segunda: "No votamos proyectos personales". A quince días de que la normativa llegue a la Cámara Baja, el Gobierno sigue sin los apoyos necesarios. Encima, el positivo por Covid de Yolanda Díaz, que le tendrá aislada durante una semana, ha acabado por entorpecer las negociaciones.
A la ministra de Trabajo le ha sustituido su número dos, Joaquín Pérez Rey, que este martes ya se ha reunido con el grupo de ERC. Fuentes del ministerio explican que ellos siguen negociando "con la mayoría de la investidura" y que hablan con estas fuerzas "todas las semanas" aunque prefieren que las reuniones continúen siendo discretas.
ERC pide más
Pero el bloque de la investidura está cada día más enfadado con la norma y, en especial, con la oposición del Gobierno a cambiar el borrador para aceptar sus exigencias. En especial, su negativa a introducir prevalencia de los convenios autonómicos. ERC, Bildu y BNG plantean unirse para anunciar un "no" conjunto al que esperan sumar a Más País, aunque desconfían de Iñigo Errejón por su necesidad de "mostrarse útil". En el sindicato próximo a Bildu, LAB, incluso han organizado una manifestación el día 30 de enero contra la norma.
"No es lo que se prometió a la clase trabajadora. Nosotros no vamos a traicionar a la clase trabajadora", insistía Rufián quien añadía que "quieren hablar y dialogar". "Cuando nos dice que no se toca ni una coma, porque se cae la CEOE, lo que le decimos es que llamen a Arrimadas, que seguramente se lo vote", espetaba el portavoz separatista.
Y siguen sin llamar a Ciudadanos
Lo cierto es que en el Gobierno siguen sin llamar a Ciudadanos, pese a la disposición de la formación naranja para aprobar "sin condiciones" la reforma laboral. En el sector socialista insisten en que no se puede tocar el acuerdo con los agentes sociales. "Estamos trabajando con todos los grupos políticos para lograr el máximo apoyo a la reforma laboral", decía la ministra Nadia Calviño este jueves. "Es fruto de un acuerdo tripartito que ha sido puesto en valor por las instituciones europeas", añadía la vicepresidenta primera.
Fuentes próximas a Félix Bolaños, el negociador más próximo a Sánchez, insisten en que "hay que preservar el acuerdo y garantizar que se convierta en ley" aunque recalcan que no se ha hablado aún con Ciudadanos. El apoyo de la formación naranja resulta muy incómodo en Podemos que no quieren que la ley estrella de su ministra predilecta acabe siendo respaldada por Arrimadas, por eso suplican y se esfuerzan en el bloque de investidura.
Aun así, lo que muchos dan por hecho es que el PNV podría virar al sí. En el Gobierno buscan cómo satisfacer a los nacionalistas sin ofender a la CEOE y cómo sortear las exigencias de ambos. Esto unido al apoyo de regionalistas como el PRC o Coalición Canaria y la abstención de Navarra Suma, podría cambiar el paisaje.
En ese momento, Bolaños sí descolgaría el teléfono para llamar a Inés Arrimadas. Hasta el 3 de febrero, día del pleno, en el Gobierno tienen tiempo de armar una ensalada variada que les evite tragarse el último plato: el sapo de Ciudadanos.