Cinco días y dos meses. Se trata de los plazos de que disponen los partidos separatistas y las instituciones que manejan a su antojo para cumplir con dos sentencias judiciales que pueden marcar la legislatura autonómica y también la nacional.
El Parlament tiene cinco días para retirar el escaño al diputado Pau Juvillà, de la CUP, condenado por desobediencia por mantener unos lazos amarillos en el Ayuntamiento de Lérida durante periodo electoral. Se trata de una condena similar a la del expresidente de la Generalidad Quim Torra y que le costó el cargo. Ahora, y a diferencia de lo que hizo ERC y el presidente de la cámara entonces, el republicano Roger Torrent, la nueva presidenta, la posconvergente Laura Borràs pretende desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), que a petición de Ciudadanos ha reclamado que se retire el escaño de Juvillà por inelegibilidad sobrevenida en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a pesar del recurso ante el Tribunal Supremo.
Borràs pretende con su actitud dejar en evidencia a ERC. La negativa a retirar el escaño a Juvillà puede implicar su inhabilitación, pero la dirigente de JxCat está siendo investigada por corrupción (pagos irregulares a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas) y podría alegar que fue condenada por razones ideológicas dentro de lo que los independentistas consideran una "causa general".
El conflicto lingüístico
Por otra parte, de dos meses es el plazo del que dispone la Generalidad para introducir un 25% de español en el horario lectivo de los centros de su dependencia. Tanto el presidente regional como el consejero de Educación, Pere Aragonès y Josep Gonzàlez-Cambray, ambos de ERC, han anunciado por activa y por pasiva que no están dispuestos a cumplir con el fallo judicial y han animado a los profesores y directores de centros a rebelarse contra lo que consideran una "intromisión" en su modelo educativo. Alegan que está en juego la inmersión lingüística y se aferran al mantra de que "el catalán no se toca".
Como primera providencia han prometido asistencia jurídica a quienes se nieguen a aplicar la resolución judicial. A la contra, las entidades en favor del bilingüismo agrupadas en la plataforma Escuela de Todos (Asociación por la Tolerancia, S'ha Acabat, Aixeca't, Impulso Ciudadano, Asamblea por una Escuela Bilingüe, Segadors del Maresme, Sociedad Civil Catalana, Centro Libre de Arte y Cultura, Cataluña por España, La Silenciosa, Acción por la Mejora de la Enseñanza en Secundaria y Ampas paralelas), así como Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana ofrecen asesoramiento jurídico a los padres que reclaman el cumplimiento de la sentencia.
Se prevé una batalla larga y que puede condicionar la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern, aunque tanto el Ejecutivo como el PSC ya se han puesto de perfil a la espera de los resultados del previsible choque entre separatistas y entidades constitucionalistas que aspiran al cumplimiento de las sentencias en Cataluña.