Cambio de protocolo en la Moncloa para presentar la Ley de Vivienda. Hace unos meses, en octubre, la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, veía cómo su rueda de prensa en el Consejo de Ministros era "contraprogramada" con una intervención de Ione Belarra en Twitter anunciando los detalles de la normativa.
Aquella intervención sentó muy mal a la ministra socialista y al equipo de comunicación monclovita. En esta ocasión, para invitar incidentes, tanto Belarra como Sánchez comparecían en la misma sala con piropos cruzados y reproches contra el liberalismo o "las fuerzas reaccionarias".
Las ministras de PSOE y Podemos han equiparado su normativa con "otros avances como el aborto o el matrimonio homosexual". "Los avances sociales han tenido siempre en contra de los "poderes abiertamente reaccionarios", añadía Belarra sólo unos días después de conocerse el informe del CGPJ que criticaba la normativa.
Sin cambios
En el Gobierno reconocen que apenas ha habido cambios e insisten que el del CGPJ era un "informe preceptivo pero no vinculante". El Ejecutivo "respeta y "entiende esas funciones consultivas" pero añade que las modificaciones introducidas "no son sustantivas".
Raquel Sánchez concretaba que las modificaciones en su mayoría, "se refieren a cuestiones para clarificar el entendimiento", en especial para clarificar competencias entre las CCAA y el Estado.
La sintonía entre ambas ministras volvía a evidenciarse cuando criticaban el liberalismo económico. "Es hora de dejar atrás las burbujas inmobiliarias que es lo único que ha conocido mi generación", añadía Belarra. "El mercado es ineficaz", sentenciaba Sánchez que añadía que "aquellos que pregonan la liberalización es el lucro de grandes" y defendía que los poderes públicos tienen que intervenir.
Una norma intervencionista
Esa intervención en la economía se evidencia en la norma. Permitirá que las CCAA regulen los precios en las zonas tensionadas y se tendrá que reservar obligatoriamente el 30% a vivienda protegida en todas las promociones. De ellas, el 15% se destinará al alquiler. "Es muy poco ético tener viviendas vacías", añadía Belarra. Mientras, Raquel Sánchez añadía que "no va en contra de los propietarios, va en contra de la especulación"
El Gobierno tendrá que elaborar una lista de precios en 18 meses. Algo que está creando fricciones que hoy han preferido ocultar. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales no entienden cómo Transportes no está trabajando ya en esta medida en vez de esperar más de un año y media. Belarra presionará para acortar el plazo y que sea lo más rápido posible.
Sin apoyos parlamentarios
La nueva normativa tendrá que negociarse en el Congreso. De momento, no tienen apoyos más allá de PSOE y Podemos pero en el Ejecutivo creen que ERC sí podría apoyarles. Los separatistas necesitan un respaldo jurídico a su Ley de Vivienda autonómica que también establece controles de precios.