Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán, es un juguete político roto, una especie de lapa que se aferra a la roca del cargo y que se niega dimitir a pesar de la constatación de que incumplió todas sus promesas de desobediencia ante las "injerencias" en la cámara y que, además, mintió a los grupos parlamentarios y a los ciudadanos en todo el esperpento de la retirada del escaño del exdiputado de la CUP, Pau Juvillà, condenado por desobediencia.
Nada más conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en relación al asunto de Juvillà, que se negó a retirar unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lérida, donde era concejal, en una campaña electoral, Borràs aseguró que defendería el escaño del entonces diputado "hasta las últimas consecuencias" y dejó entrever que esta vez no pasaría como con Quim Torra, en un nada velado reproche a ERC por no haber defendido con más ardor que el expresidente catalán debía continuar como diputado hasta que la sentencia no fuera ratificada por el Tribunal Supremo.
Sobre esa retórica irredenta y su falta de respeto por los portavoces y diputados de Vox, Cs y PP construyó Borràs su imagen de presidente de la cámara. Pero a la primera de cambio, el descarrilamiento ha sido épico. En sus primeras explicaciones públicas tras el bochorno, en Rac 1, Borràs ha intentado desviar la atención a izquierda y derecha y ha repartido las culpas entre los funcionarios y los demás grupos separatistas sin cortarse un pelo.
Justificaciones
"Me sentí inútilmente expuesta", "la unidad del 52% (en alusión al porcentaje de votos separatistas) no se ha mantenido", "no me rendiré a pesar de que algunos me quieren sacrificar", "no se quiso llegar hasta las últimas consecuencias en un plan en el que yo era la máxima responsable", "no se puede actuar como si no hubiera precedentes (un reproche a ERC)" o "se rompieron las confianzas (en alusión a la CUP)" han sido algunas de las balbucientes frases de Borràs en la entrevista.
Pero es que, además, en un insólito proceder para una presidenta del Parlament, ha llegado a culpar a los funcionarios de haber actuado al margen de los grupos separatistas y de no haber convocado a Juvillà a un pleno cuando la mesa había decidido que aún le asistían los derechos como parlamentario. "Temían el Código Penal que planeaba sobre sus cabezas", ha declarado al respecto. Lo que no ha aclarado es la causa por la que ella dijo que no se le había convocado para no contaminar una votación sobre su propio caso.
En conclusión, que no piensa dimitir y que "la resistencia al Estado tiene que ser colectiva" ha dicho la que por otra parte está imputada en un caso de corrupción cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas por supuestamente fragmentar contratos para dar subvenciones a un amigo. Sus propios correos electrónicos de aquella época la delatan, pero ella atribuye el caso a una maniobra del Estado contra el independentismo.