La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado pedir a la Generalidad que cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 16/12/2020 que obliga a todos los centros educativos catalanes a impartir un mínimo del 25% de horas en español. Además, se instará también al Gobierno a que garantice los derechos lingüísticos de todos los alumnos de Cataluña reconocidos en dicha sentencia y que arbitre los elementos necesario para la ejecución del fallo. Ambas peticiones han contado con el voto a favor del grupo Popular y Renew Europa (liberales) y la oposición de los grupos Socialista, Verdes y la amalgama de partidos nacionalistas europeos.
La petición ha sido trasladada al Parlamento Europeo por Ana Losada, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Esta es la entidad que asesoró a los padres que lograron que el TSJC fallara a favor de un porcentaje mínimo de español en horario lectivo. En su discurso, Losada ha denunciado que la Generalidad hace todo lo posible para que la sentencia no se pueda ejecutar. "Presiona a los directores de los centros, ampara a los que dicen que no van a cumplir con la sentencia, estimula las protestas nacionalistas y crea un clima de presión contra las familias y entidades cívicas que defienden el derecho a una educación bilingüe", precisó Losada.
"Silencio sospechoso" del Gobierno
La presidenta de la AEB también denunció el "silencio sospechoso" del Gobierno de España ante las maniobras de las autoridades de la Generalidad para saltarse la aplicación del fallo del TSJC y destacó el caso de acoso a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que logró que en el curso de P5 al que va su hija se imparta un 25% de español. Así, Losada ha denunciado que "es especialmente doloroso para nuestra asociación poner de manifiesto lo que están sufriendo las familias a pesar de la firmeza y claridad de la sentencia"