Vox intenta agotar todas las vías que tiene a su alcance para lograr tumbar la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez aprobada en Consejo de Ministros y que se encuentra bloqueada en su trámite parlamentario por discrepancias con sus socios de ERC o Bildu. Santiago Abascal ha decidido recurrir a Europa para denunciar su contenido en calidad de presidente de la fundación Disenso.
Vox anunció un recurso ante al Tribunal Constitucional contra esta ley y presentó una enmienda a la totalidad de la norma comparando sus medidas con las del Ministerio de la Verdad de George Orwell, en su obra 1984, por su "totalitarismo" y "sectarismo". Abascal ha decidido dar un paso más y ha remitido una carta a varios eurodiputados del PP europeo, el ECR -grupo al que pertenece Vox-, además de a los eurodiputados húngaros de Viktor Orban, para advertir sobre el texto y conseguir que Europa reaccione.
En la misiva a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Abascal explica que la ley "pretende reescribir una parte de la Historia de España: la Guerra Civil española, el régimen de Franco y la Transición española". En la nota asegura que "el PSOE quiere poner en cuestión nuestro modelo de Estado, la monarquía parlamentaria y la figura del Rey".
La nota se refiere también a la Ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y recuerda que todos los partidos han acabado aceptando su contenido, incluido el PP, por negarse a derogarla durante el Gobierno de Mariano Rajoy, así como a través de los gobiernos autonómicos que la siguen aplicando, como el de Juanma Moreno en Andalucía, al que Vox exigió drogar la ley aprobada por el PSOE para sustituirla por una de "concordia", sin éxito.
"Hoy el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez da un paso más y propone una nueva Ley de Memoria Democrática", advierte en la carta, denunciado que se trata de una norma que "atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión, de investigación y de cátedra". "La Ley aspira a acabar con cualquier visión plural de nuestro pasado reciente", añade en la carta, recordando que se contemplan sanciones para quienes "discrepen de la Historia oficial elaborada por el Gobierno y sus amigos académicos y mediáticos".
El informe que acompaña la carta
Abascal acompaña la carta de un informe de 58 páginas, elaborado por la fundación Disenso, que defiende que "con la Monarquía democrática la libertad de los historiadores para investigar, publicar y discutir fue total" por lo que las leyes de memoria del PSOE sólo sirven para "diluir el recuerdo de la violencia del bando republicano, al tiempo que se fija en la memoria de los españoles la violencia ejercida por el bando nacional".
El texto denuncia que la ley de 2007 pretendía abrir una "Causa General" contra el bando nacional de la Guerra Civil española y señala como colaboradores, entre otros, al exjuez Baltasar Garzón que abrió un proceso judicial contra los crímenes del franquismo, obviando la Ley de Amnistía de 1977. También critica que "los fondos públicos no se hayan gastado en financiar exhumaciones sino en los mediáticos homenajes políticos al bando republicano".
El informe analiza de forma pormenorizada el contenido de las leyes socialistas de memoria democrática para concluir que su único objetivo es que el Estado, y en concreto la izquierda, impongan "su memoria": "Será el Estado el que determinará cuáles son los hechos representativos de la memoria democrática", en lugar de los historiadores, denuncia el documento.